El Ayuntamiento paga fianzas de Gil y Muñoz con un inmueble del municipio

El Ayuntamiento de Marbella ha acordado pagar con un inmueble de propiedad municipal, adquirido en febrero por 375.079 euros, las fianzas impuestas por varios juzgados a Jesús Gil, el nuevo alcalde, Julián Muñoz, y otros ediles del GIL imputados en distintas causas por delitos urbanísticos. El PSOE ha pedido al tribunal que no admita esta fianza, que cuenta con el informe contrario del interventor.

El interventor dice en su informe que las fianzas son 'obligaciones de carácter personal', y que por tanto 'no corresponden a un gasto de naturaleza pública que haya de ser soportado por el Ayuntamiento'. Las fianzas fijadas por los tribunales (216.121 euros) se refieren, entre otros, a los casos conocidos como Incopromar, Moansa y Pecho de las Cuevas, que se encuentran ya en fase de procedimiento abreviado, con apertura de juicio oral. La Fiscalía pide en total tres años y medio de prisión para Gil por los dos primeros.

Pero además de Jesús Gil y ex concejales de su grupo también están imputados en estos procedimientos el nuevo alcalde, Julián Muñoz, y los ediles Marisa Alcalá y Rafael González, que se abstuvieron en la votación del acuerdo adoptado el pasado 6 de marzo en comisión de gobierno, al ser parte interesada. El Juzgado número 1 de Marbella ya ha solicitado que se tase el inmueble, situado en la calle Pasaje, ofrecido por los representantes del Ayuntamiento para garantizar las responsabilidades civiles de los acusados.

El abogado del PSOE, José Carlos Aguilera, ha pedido al Juzgado que reconsidere esta decisión. En un escrito remitido a su titular, el letrado argumenta que el consistorio no es parte acusada en los procedimientos, sino el perjudicado, y que no se ha formulado contra la Corporación acusación alguna por la vía de responsabilidad penal o civil, por lo que 'no procede admitir la fianza ofrecida'.

Para la portavoz municipal socialista, Isabel García Marcos, la admisión de la fianza podría suponer además un delito de malversación de caudales públicos, 'sobre todo si se tiene en cuenta que la mayoría de los acusados ya no son miembros de la Corporación'. La concejal anunció ayer que presentará un recurso contra el acuerdo de la comisión de gobierno, y advirtió que en el caso de que no sea declarado nulo ejercerá acciones legales contra los ediles del GIL.

En principio el nuevo alcalde, Julián Muñoz, no va a dar marcha atrás. 'Nos imputan por hacer un acto del Ayuntamiento', dijo Muñoz, que insistió en que la decisión ha contado con los informes favorables de la asesoría jurídica del Consistorio, 'que la considera legal'. El regidor reconoció que se trata de 'la primera vez que el consistorio utiliza un edificio público para este fin', aunque añadió que 'también es la primera vez que los juzgados solicitan fianzas por delitos urbanísticos'.