Dos mujeres denuncian que la ONG titular de sus pisos de acogida les presiona para que los abandonen

Dos mujeres víctimas de malos tratos conyugales han denunciado a los jueces que sufren 'constantes presiones' para abandonar los pisos tutelados donde están acogidas con sus hijos por parte de Mujeres Vecinales, la ONG que los regenta con subvenciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El tiempo máximo de estancia en esos pisos es de seis meses, prorrogables, y ambas llevan 10 y 12 meses, respectivamente, por lo que deberían dejarlos en junio. Antes residieron un año en otra casa de acogida.

S., de 34 años, vive en el piso con sus dos hijas de 12 y cuatro años, y asegura que si les echan no tendrán adónde ir. 'Tuve un trabajo hace meses, pero me vi obligada a dejarlo por problemas psicológicos', explica, y añade que la casa está en 'pésimas condiciones, con humedades, mobiliario roto, losetas levantadas, enchufes descarnados...'. 'Tampoco me avisaron a tiempo de que mi solicitud de un piso social del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) había sido archivada'.

M., de 46 años, reside en otro piso con tres de sus hijas, de 20, 16 y 14 años. 'Con mi sueldo no puedo alquilar nada', afirma esta mujer, que trabaja de limpiadora y cobra 500 euros al mes. 'Las responsables del piso me insisten para que coja otro trabajo, pero éste, aunque gane poco, me dura, y además mis jefes me ayudaron con los papeles de mis hijas. Mi hija mayor está buscando empleo, pero por ahora tiene sólo unas horas como asistenta', explica la mujer. 'También me dicen que me vaya a un piso compartido; eso podría ser si estuviera yo sola, pero, con tres hijos, o nos metemos todos en una habitación o habría que alquilar varios cuartos, y cada uno puede costar 200 euros al mes', apostilla.

Estancia limitada

Portavoces de Mujeres Vecinales niegan las presiones. 'Los pisos tutelados tienen un plazo de estancia limitado, y a ellas se les ha prorrogado ya. No habría problemas en volvérselo a ampliar si viésemos que están siguiendo el programa de apoyo social y psicológico que se sigue en estos recintos, pero no es así', aseguran.

'La obsesión de estas dos mujeres es obtener un piso del Ivima, y sin él no quieren irse. Ya les dijimos que no todas las víctimas de maltrato logran una vivienda social y que, con nuestra ayuda, debían buscar pisos compartidos o trabajos mejor pagados, pero no lo han hecho. Ahora mismo hay una oferta laboral para maltratadas en los VIP [cadena de tiendas-restaurante]', subrayan.

'Creen que les tenemos que resolver todos sus problemas, cuando el objetivo del proyecto es ayudarlas para que los arreglen ellas. Desde que les dijimos que en junio debían marcharse para dar paso a otras mujeres, no han hecho más que mostrar hostilidad', concluyen estas portavoces. Respecto a las deficiencias en uno de los pisos, Mujeres Vecinales admite que 'hacen falta reparaciones', pero considera que se trata de 'alojamientos dignos'.