El despegue de la autoestima

En 1980 asistí en Granada, donde estudiaba Derecho, a un mitin de Manuel Clavero Arévalo, que había dimitido como ministro de Cultura tras rechazar enérgicamente que no tuviésemos un régimen autonómico pleno, como pretendía el Gobierno de UCD. Clavero participó activamente en la campaña por el sí a la autonomía en el referéndum del 28-F. Aunque mi presencia se debía más a la curiosidad que a cualquier otra razón, escuché atentamente los argumentos con que reivindicaba que Andalucía había de convertirse, como región histórica, en comunidad autónoma a través del artículo 151 de la Carta Magna. Esa atención inicial fue creciendo gradualmente hasta convertirse en entusiasmo. Al finalizar el acto, en la plaza de Gracia, el gentío comenzó a cantar nuestro himno y se levantaron un buen número de puños. Observé a Clavero, quien dibujó con su mano una uve de victoria; miméticamente, adopté ese gesto y alcé mi brazo tanto como pude. Me había contagiado del sentido de lo andaluz expuesto por el ex ministro en aquel acto masivo.

Quizá sea pertinente reformar el Estatuto, pero su texto no impide la modernización

Y en octubre ganó el sí, lo que suponía, como dice el artículo primero del Estatuto, la constitución en comunidad autónoma y la expresión de nuestra trayectoria histórica en el ejercicio del derecho al autogobierno en el marco de la nación española. De este modo, Andalucía aspiraba a hacer realidad los principios de libertad, igualdad y justicia para todos sus ciudadanos en solidaridad con las demás comunidades. No mucho más tarde, el 23 de mayo de 1982, hace ahora 20 años, se celebraron las primeras elecciones democráticas al Parlamento andaluz, que se constituiría en junio. Siete partidos políticos concurrieron a unos comicios con los que nuestra tierra recuperó su autoestima, reafirmó su histórica identidad y dio un paso clave en la articulación territorial de España, prevista en la Constitución de 1978.

Ahora, como andaluces, sentimos orgullo de nuestras instituciones, que han madurado con rapidez, y nos enfrentamos a retos ambiciosos y urgentes: alcanzar el ritmo del resto del país y converger con la Unión Europea, además de acercar la administración a los ciudadanos. Asumiendo la realidad o analizando cualquier estadística oficial, rechina en los oídos la verborrea utilizada por ciertos dirigentes para vendernos ese producto propagandístico llamado segunda modernización, un envoltorio sin contenido, un nuevo conejo salido de la siempre versátil chistera de Manuel Chaves.

El mercado de trabajo y la estructura productiva de Andalucía muestran un preocupante desequilibrio territorial. Es innegable que la economía crece en términos absolutos, pero no avanza como debería, no arrastra a todos por igual. Hay zonas anquilosadas que no acaban de despegar; el desarrollo de nuestra tierra es aún precario. De seguir así, harían falta varias décadas para que la anhelada convergencia fuese posible. El secretario general de la CEOE, Juan Jiménez Aguilar, lo describe gráficamente: Andalucía tiene que vivir más de sus ideas que del subsidio de turno. Y para eso hay que impulsar sin demora las infraestructuras, la educación y las nuevas tecnologías, pilares de cualquier sociedad ambiciosa. En este mundo globalizado e interconectado, los andaluces tenemos que competir en igualdad de condiciones que los demás europeos.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, decía el pasado miércoles en una brillante conferencia que la Junta está instalada en un nuevo centralismo, situación que frena el desarrollo de los municipios. En 23 años de desarrollo constitucional, decía De la Torre, los ayuntamientos andaluces sólo han avanzado cuatro puntos, pasando del 9% al 13% del presupuesto público. Un 42% es gestionado por la Administración autonómica y el restante 45% por el Gobierno central. No basta con la imprescindible colaboración institucional. Es necesario que los ayuntamientos consigan una cuarta parte de la tarta porque su grado de asfixia es ya insostenible. Se ven obligados a resolver los problemas de los ciudadanos, sean o no su competencia. Atienden demandas para las que no disponen de recursos específicos. Seguir así resulta temerario.

Estamos en un momento crucial, determinante. Una ocasión que no podemos dejar pasar. España ha evolucionado vertiginosamente, de manera especial desde 1996. Pero los niveles medios de renta y bienestar de Andalucía siguen atrás. Antes de lanzar segundas modernizaciones habrá que culminar la primera. Quizá sea pertinente reformar el Estatuto, pero no es su texto el que impide que esa modernización sea efectiva. Tal como plantea Chaves las cosas, el verdadero vuelco de esta comunidad arrancará en 2004 con un cambio análogo al que vivió el Gobierno central hace seis años, con la victoria de Teófila Martínez en las próximas elecciones autonómicas.

Joaquín L. Ramírez es presidente del Partido Popular de Málaga y diputado autonómico.