El Ejecutivo acepta suavizar la distancia de 50 kilómetros en la que un parado estará obligado a aceptar un empleo

El Gobierno concretó ayer por primera vez algunos de los puntos que está dispuesto a modificar de su reforma del paro. El Ejecutivo se muestra abierto a redefinir el concepto empleo adecuado, especialmente en lo relativo a los 50 kilómetros de distancia en los que un trabajador estará obligado a aceptar un trabajo del Inem (Instituto Nacional de Empleo). 'No tenemos que hacer de esa cifra un valor absoluto y rígido', aclaró el secretario general de Empleo, Juan Chozas, tras reunirse con una delegación de la patronal CEOE.

Éste ha sido uno de los conceptos que más rechazo han suscitado en la ronda de contactos que Chozas abrió con distintos colectivos para conocer su impresión sobre la reforma, principalmente en las comunidades autónomas. 'Buscaremos una redacción más flexible', señaló el responsable de Empleo. La revisión de lo que se entiende por empleo adecuado constituye la demanda primordial de las regiones gobernadas por el Partido Popular y una de las principales peticiones de Cataluña y Canarias. En cualquier caso, esta modificación no será suficiente para conseguir la adhesión de las comunidades socialistas ni de los sindicatos.

'Importante receptividad'

Aunque Chozas no aclaró cómo se articularán esos cambios, el secretario general de CEOE, Juan Jiménez Aguilar, explicó que había encontrado una 'receptividad importante' para reducir el número de kilómetros de distancia entre el trabajo y el domicilio según las peculiaridades de cada territorio.

No fue el único avance del encuentro entre el Ministerio de Trabajo y los empresarios. También hubo acercamiento en las modificaciones previstas para el mundo agrario. El Gobierno, según la patronal, revisará el periodo transitorio establecido para pasar del sistema actual, en el que los jornaleros no tienen derecho a paro, a una situación en la que tanto el empresario como el empleado coticen por sus prestaciones. La patronal defiende que son necesarios 10 años, mientras que el documento del ministerio, de momento, establece tres.

Otro de los puntos en los que los empresarios han hallado flexibilidad se refiere a las condiciones fijadas para el contrato de inserción. Este modelo -hasta ahora de uso exclusivo para la Administración pública y con fines sociales- se extiende a la empresa privada y a cualquier labor, pero la reforma no contempla su aportación a la Seguridad Social. En cambio, los empresarios piden que cotice como el resto.

Pese a estas coincidencias, el Ejecutivo no prevé aceptar la principal demanda de la patronal: separar las fuentes de financiación del sistema de desempleo, de forma que las cotizaciones de empresas y trabajadores se destinen sólo a las prestaciones contributivas y los presupuestos del Estado financien las asistenciales.