La reforma del paro entra en vigor el lunes tras aprobarla el Gobierno por real decreto

El Gobierno ha aprobado esta mañana mediante real decreto ley la reforma del sistema de protección del desempleo. El anuncio llega sólo un día después de que los sindicatos aprobaran formalmente la convocatoria de la primera huelga general contra el Gobierno del PP. El paro, fijado para el 20 de junio, víspera de la cumbre comunitaria de Sevilla, exigirá la retirada "íntegra" y "definitiva" de dicha reforma.

La fórmula adoptada hoy en Consejo de Ministros permitirá que la nueva ley entre en vigor el próximo lunes. En este sentido, el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, ha rechazado que el trámite de urgencia utilizado por el Ejecutivo trate de "sorprender" a los sindicatos. "Las medidas no se toman para soprender. El Gobierno tiene que actuar. Yo llevo más de un mes hablando de este tema y una vez que hemos podido formarnos opinión y hemos sido sensibles a opiniones ajenas de quienes han querido acudir a una mesa a llevarnos sus propuestas, tampoco es bueno seguir con procesos abiertos a expectativas que no contribuyan a la mejora de la contratación y del empleo", ha declarado.

Tras su entrada en vigor, el decreto gubernamental deberá ser convalidado por el Congreso en el plazo máximo de un mes, según establece tanto la Constitución como el Reglamento de la cámara.

Las dos centrales sindicales, UGT y CC OO, habían asegurado durante esta semana que irían a la huelga si el Gobierno no retiraba íntegramente el texto de la reforma. Ahora exigirán la derogación del real decreto.

Oferta adecuada de empleo

La reforma del Gobierno incluye algunas modificaciones que suavizan la propuesta inicial realizada el pasado 17 de abril por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a los sindicatos, principalmente en lo referido a la consideración de oferta adecuada de empleo.

Se considerará oferta adecuada aquel empleo que esté a 30 kilómetros del lugar de residencia del parado o a menos de dos horas de distancia. En la propuesta inicial, se hablaba de 50 kilómetros y tres horas. Además, se vincula dicho concepto a las circunstancias familiares y personales del desempleado.

La nueva regulación establece que para tener derecho a la prestación por desempleo hay que encontrarse en situación legal de desempleo y acreditar disponibilidad para buscar activamente empleo y para aceptar una colocación adecuada, según los criterios de los técnicos del Inem.

El Gobierno entiende por oferta adecuada la profesión demandada por el trabajador, pero también aquella que se corresponda con su profesión habitual o cualquier otra que, ajustándose a sus aptitudes físicas y formativas, implique un salario equivalente al establecido para el puesto de trabajo que se ofrece.

En caso de infracciones leves, se sancionará con la pérdida de prestaciones de uno a seis meses en las tres primeras infracciones, mientras que en la cuarta se retirará la prestación.

En el caso de infracciones graves, se quitarán tres meses de prestación en la primera de ellas, de seis meses en la segunda, y a la tercera se retirará de forma definitiva el seguro de paro.

Mujeres y mayores

La reforma facilita la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo tras ser madres, ya que el Inem bonificará las cotizaciones sociales durante un año si el contrato se le hace a la mujer en los 24 meses posteriores al parto.

Para los mayores de 52 años se facilita que puedan compatibilizar su actividad laboral con la percepción del subsidio. El Inem abonará la mitad del subsidio y la empresa la cantidad restante para completar el salario a que tenga derecha y las cotizaciones correspondientes a la Seguridad Social.

Además, se amplía la denominada Renta Activa de Inserción a nuevos colectivos con especiales necesidades económicas y dificultades para encontrar empleo como los discapacitados, las mujeres maltratadas y los trabajadores emigrantes que, habiendo retornado del extranjero, hayan pasado seis meses trabajando en el extranjero desde su última salida de España.

Respecto a los salarios de tramitación, el ministro Aparicio ha asegurado que la intención del Gobierno es lograr "la inmediatez de la entrada en funcionamiento de las garantías de renta cuando se produzca la pérdida del puesto de trabajo y que en todos casos haya continuidad de ingresos, para que cuando acabe el salario entren en juego las prestaciones sin tener que recurrir necesariamente a la impugnación administrativa o la resolución judicial".

El Ejecutivo ha dado marcha atrás en su intención inicial de suprimir la capitalización del seguro de paro, de forma que el desempleado podrá percibir de forma íntegra, como sucedía hasta ahora, la prestación a la que tenga derecho para invertirla en una sociedad laboral, cooperativa o constituirse como autónomo.

Otra opción es que reciba periódicamente el pago de la prestación a la que tenga derecho en forma de reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social.

Subsidio agrario

El Gobierno también ha acometido la reforma del subsidio agrario para trabajadores temporales, por el que se elimina el derecho a que los jornaleros andaluces y extremeños que comiencen su actividad en el campo puedan cobrar el subsidio, como sucedía hasta ahora.

Con la reforma, se les integrará a estos nuevos trabajadores andaluces y extremeños en un sistema contributivo de protección, que también se extenderá al resto de trabajadores del campo de España, que actualmente, si eran temporales, no tenían ningún derecho a paro.

La creación de este nuevo sistema contributivo de desempleo para los trabajadores del campo se hará de forma progresiva, en un plazo de seis años, que es superior a los tres que puso en un primer momento el Gobierno, pero inferior a los 10 años que solicitó la patronal.

El Gobierno defiende que esta reforma no supone una rebaja de los fondos que se destinan al Aepsa (antiguo PER) que garantizaba una serie de inversiones en zonas rurales de Andalucía y Extremadura que, según Aparicio, están garantizadas.

En la reforma del Régimen Especial Agrario, se obliga a los empresarios del campo a dar de alta a sus trabajadores con anterioridad al inicio de la actividad de éstos, con lo que se suprime el plazo de seis días desde que comenzaban a trabajar que había hasta ahora.