Dragados y las cajas negocian para tener más peso en la fusión Áurea-Acesa

Las cajas de ahorros y Dragados barajan la sindicación de sus acciones para no ser barridos de la que será la tercera compañía de autopistas europea. Bancaixa, CAM, Unicaja y la constructora sumarían, de llegar a un pacto, el 20% de la fusión de Áurea y Acesa y serían el segundo accionista tras La Caixa. Las repercusiones de esta operación son múltiples. En primer lugar, la Comunidad Valenciana arriesga la recepción de miles de euros en impuestos con el posible traslado a Barcelona de la sede social de Áurea, radicada en Valencia desde su constitución.

Los socios minoritarios de Áurea estaban descontentos con la operación anunciada el lunes. La propia Dragados, mayoritaria en Áurea, pretendía más presencia en la sociedad fusionada. Este descontento se ha concretado tres días después de conocerse la alianza en un posible pacto de sindicación de títulos.

Los accionistas valencianos Bancaixa, CAM y Banco de Valencia, con un 15% de la concesionaria de la A-7, verá reducida su participación a un 5%. Dragados, con un 36% de Áurea, se quedaría con un 12% escaso. A ellos se sumaría Unicaja. Este grupo controlaría el 20% del tercer grupo europeo del sector.

El Consell, al igual que los accionistas, no ocultó su malestar por los términos de una fusión en la que La Caixa, mayoritaria en Acesa, diseñó la operación y aparecía como la gran beneficiada. El objetivo del Gobierno valenciano era que las cajas valencianas conservaran su representación actual e incluso la aumentasen.

Son muchos los elementos en juego. En primer lugar, la instalación de la compañía fusionada en Barcelona, confirmado por La Caixa, lo que supone la pérdida para Valencia la pérdida de Áurea. Esta compañía, con sede social y fiscal en Valencia desde su constitución, ha pagado sólo en los dos últimos años unos 64.700 euros (23.325 euros en el 2001 y 41.410 en el 2000), en concepto de impuesto de sociedades, según consta en la memoria de 2000 de la compañía y en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Con las cuentas consolidadas en la mano (se incluye los resultados del resto de sociedades del grupo), el impuesto ascendería a 105.600 euros en los dos años mencionados (unos 18.000 millones de pesetas). Áurea no hizo comentarios al respecto alegando que la operación sigue abierta.

Defensa de la competencia

El anuncio de la operación es reciente y las cábalas, prematuras, opinan en las entidades financieras valencianas. Primero debe sustanciarse la OPA de Acesa sobre Iberpistas y, posteriormente, la fusión de ésta con Áurea. Queda pendiente además el dictamen del Tribunal de Defensa de la Competencia y la ecuación de canje accionarial definitiva.

El Grupo Áurea lo componen en la actualidad Áurea Concesiones de Infraestructuras, Autopistas del Mare Nostrum (Aumar), de la que depende la explotación de dos tramos (Tarragona-Valencia y Valencia-Alicante) de la A-7 y la A-4 entre Sevilla-Cádiz. La sociedad holding integra otras siete sociedades, con concesiones en Argentina, Colombia, Puerto Rico y Reino Unido. Áurea se había embarcado hacía un año en un plan de inversiones hasta el 2005, dotado con 50.000 millones de pesetas, con el que pensaba gestionar 2.000 kilómetros de autopistas de peaje, 1.500 de ferrocarriles y 15 aeropuertos en todo el mundo.

La sociedad matriz invirtió en 2001 unos 182 millones de euros. Los ingresos de explotación del grupo (consolidados) ascendieron a 315 millones de euros, con un aumento del 36% con respecto a 2000, y los beneficios atribuidos a la sociedad dominante ascendieron a 123 millones, un 37% por encima del año anterior.

Acesa, por su parte, obtuvo unos ingresos de 681 millones de euros y unos beneficios cercanos a los 172 millones. Controla las autopistas catalanas y la A-2 (Zaragoza-Mediterráneo). Iberpistas, pretendida por las dos anteriores, participa en los enlaces a Madrid por la Radial 3 y la Radial 5 y posee el 50% de la autopista entre Zaragoza y Bilbao.