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Actividades oficiales, culturales y religiosas podrán incumplir los límites de la ley del ruido

El Consejo Jurídico advierte de la posible inconstitucionalidad de las excepciones

El Consell remitió ayer a la Mesa de las Cortes para su tramitación parlamentaria el anteproyecto de ley de protección contra la contaminación acústica, una norma que exime 'del cumplimiento de los niveles de perturbación máximos fijados' a 'determinados actos de carácter oficial, cultural, religioso y otros análogos'. El Consejo Jurídico Consultivo cree que esta medida puede suponer un 'concepto jurídico indeterminado' contrario a la Constitución y recomienda precisar 'las circunstancias excepcionales, y siempre transitorias, en las que se puede producir legítimamente esa exención'.

El consejero de Medio Ambiente, Fernando Modrego, prometió tras aprobarse la Ley de Residuos sacar esta legislatura tres más, la del ruido, la de caza y la del derecho a la información ambiental. Sólo le queda un año, pero ya ha llegado a las Cortes la primera. La esperada ley acústica pretende amparar a los ciudadanos frente a los riesgos de la contaminación sonora, para lo que dará un soporte a las ordenanzas municipales contra el ruido, cuyas sancines 'no eran efectivas', según el consejero, por carecer de dicho apoyo legal. El texto ahora remitido por el Consell contaba desde otoño con los preceptivos informes del Consejo Jurídico Consultivo (CJC), del Comité Económico y Social (CES) y del Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente.

Por otra parte, el Síndic de Greuges, Bernardo del Rosal, reclamaba en la memoria de la institución correspondiente al año 2000 una norma legal que regulara la contaminación acústica.

La norma que ahora propone el Consell arbitra una serie de obligaciones que los municipios deberán cumplir para evitar el ruido de las vías pública, polígonos industriales, locales de ocio, servicios urbanos, tráfico... Entre ellas, destaca la obligación de hacer mapas acústicos en los municipios de más de 20.000 habitantes.

La norma también regula la instalación de pantallas acústicas, las restricciones a la circulación, límites de velocidad, revestimientos de carreteras. Incluso consagra la reciente Norma Básica de la Edificación para que las viviendas y construcciones cumplan las condiciones mínimas necesarias de aislamiento acústico. En cuanto al régimen sancionador, una falta muy grave, como pueda ser superar los niveles sonoros permitidos en 15 decibelios o más, puede acarrear una multa de entre 6.001 y 60.000 euros (entre uno y diez millones de pesetas).

Sin embargo, en una disposición adicional la norma exime del cumplimiento de los límites, 'con carácter temporal', a ciertos actos oficiales, culturales y religiosos. Así, las Fallas, las Fogueres y toda clase de fiestas populares, procesiones, etcétera, podrán saltarse a su antojo los límites de ruido. Esta disposición adolece, según el CJC, de cierta indeterminación. Por eso aconseja precisar las circunstancias excepcionales 'en las que se puede producir legítimamente esta exención; y, en todo caso, dotando de la oportuna publicidad a la citada exención'. Es decir, recomienda que cuando la Administración decida excluir del límite del ruido a ciertos actos (por ejemplo fiestas populares, fuegos artificiales, conciertos...) se debe especificar cuál será el nivel máximo alcanzable en ese caso, puntualizar el horario e incluso arbitrar medidas correctoras.

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En el informe del CES también hay un voto particular de un consejero que recomienda limitar esos casos a un máximo de 130 decibelios fuera de recintos feriales (salvo para actos puntuales como los pirotécnicos). El informe del CJC también critica de la ley que carezca de fondos económicos para propiciar su implantación. Así, cuestiona que la Consejería de Hacienda no haya incluido un informe favorable sobre la existencia de 'crédito adecuado' y que la de Medio Ambiente se escude en que el anteproyecto 'no va a suponer un incremento del gasto público'. Recuerdan los expertos que la doctrina del Consejo de Estado es que 'si una norma carece del respaldo presupuestario para su efectiva aplicación, puede quedar vacía de contenido'.

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