El juez imputa al alcalde de Las Palmas por presunta prevaricación

La magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha imputado al alcalde de Las Palmas y presidente del PP en las islas, José Manuel Soria, a petición del Partido Socialista Canario (PSC-PSOE), por un presunto delito de prevaricación al conceder una licencia de construcción 'a sabiendas de que los terrenos eran titularidad de la Comunidad Autónoma' y no de la empresa Construcciones Horneras, en palabras del portavoz socialista en el Parlamento, José Alcaraz.

José Manuel Soria se ratificó ayer en su 'absoluto respeto a la labor judicial' y confirmó 'plenas garantías' de que 'el Ayuntamiento ha actuado en todo momento dentro de la legalidad', informó un portavoz de su gabinete. El alcalde y presidente del PP canario ha sido citado a declarar el próximo día 14 de junio.

En la misma causa también ha sido imputado el ex consejero de Industria y Comercio, Lorenzo Suárez (PP), por el mismo supuesto delito al conceder una licencia comercial 'sin cumplir con los requisitos legales para ello'. Lorenzo Suárez calificó de 'incomprensible' la denuncia del PSC, convertida en querella, 'porque fue una licencia comercial otorgada con todos los informes favorables del Cabildo Insular de Gran Canaria, el Tribunal de la Competencia, la Dirección General de Comercio y los servicios jurídicos' de su departamento. Suárez se declaró 'herido y perjudicado' por una 'equivocada estrategia de deterioro político' de alguien 'que ya había anunciado su retirada', como se autodenominó, al tiempo que anunciaba que 'el señor Alcaraz' -en referencia al diputado socialista- 'será respondido por la Justicia por esta canallada'.

El denominado caso Jinámar enfrenta a los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y Telde y a las formaciones políticas que gobiernan en ellos, PP y Coalición Canaria. Ambos municipios comparten terrenos en el popular barrio de Jinámar. Aunque desde 1990 se declaró el interés de los terrenos para, entre otros motivos, la protección de un endemismo vegetal (lottus kinkelli), sólo fue a partir de 1997 cuando se redactaron las bases del Plan Especial de su Parque Marítimo. La extensión total de este parque es de 457.000 metros cuadrados.

A cambio de ejecutar este parque con una inversión superior a los 18 millones de euros, Promociones Horneras recibiría licencia para un parque comercial de 125.000 metros cuadrados en Telde, según la orden firmada por la consejera de Política Territorial del Gobierno canario, María Eugenia Márquez (PP). Su sucesor, Tomás van de Walle (también del PP), atendiendo a una petición de este ayuntamiento, rectificó la orden y de acuerdo con el constructor restó 8.000 metros cuadrados del parque comercial de Telde y lo compensó con terrenos de Jinámar en Las Palmas.

Paralelamente, el entonces consejero de Industria y Comercio, Lorenzo Suárez, aprobó en octubre de 2000 una licencia comercial en Las Palmas, el Ayuntamiento de la capital aprobó en diciembre de ese año el Plan General con una licencia de construcción para este proyecto y el 29 de enero de 2001 un funcionario de Política Territorial firmó un acta de protocolización por el que las parcelas 881 y 900, cuyo uso era hasta ese momento deportivo y viveros, pasaban a propiedad de la constructora.

El PSC pidió 'deshacer todo lo hecho hasta 1998 por no ajustarse al procedimiento administrativo' y exigió ' las responsabilidades penales en los juzgados y las políticas en el Parlamento', donde ya se rechazó la creación de una comisión de investigación sobre este caso, en palabras de José Alcaraz.

Ésta es sólo una de las dos vías judiciales del caso Jinámar. La segunda la abrió el actual consejero de Política Territorial, Fernando González ( CC), al denunciar a su antecesor, Tomás van de Walle, ante la Fiscalía Anticorrupción por cuatro presuntos delitos: malversación de caudales públicos, defraudación, infidelidad en la custodia de documentos y falsificación de documentos públicos. El caso también se ha trasladado al TSJC.