El PP revoluciona las auditoras

El Partido Popular ha aprovechado el trámite de enmiendas del la ley financiera para darle una vuelta a la ley de auditoría. De las propuestas presentadas, que aún deben ser discutidas, una levanta ampollas en el sector: la obligación de las auditoras de renunciar a los clientes cotizados cada 12 años. Ni Estados Unidos ni Europa han ido tan lejos.

El terremoto Enron no sólo se ha llevado a Andersen por delante. Además ha puesto a los Gobiernos a trabajar, casi a marchas forzadas, para mejorar la independencia de los auditores de sus clientes.

El coste de una auditoría se incrementa entre un 15% y un 50% durante los primeros años, aseguran fuentes del sector

De las 35 empresas del Ibex, al menos 16 superan el límite máximo propuesto para trabajar con el mismo auditor

El Ejecutivo español no es una excepción. Aunque la reforma de la ley de auditoría (1988) estaba pendiente desde la legislatura pasada, el Partido Popular (PP) ha decidido aprovechar el debate parlamentario de la ley financiera para dar un repaso a la actividad. Y no sólo para afinar los mecanismos que garantizan la independencia y transparencia del auditor -rotación, obligación de hacer públicos sus ingresos por otros servicios e incompatibilidades más estrictas-, sino también el régimen sancionador, el acceso a la profesión y hasta la formación.

Entre la decena de enmiendas presentadas por el PP, la única que provoca quejas en el sector es la de limitar a 12 años el tiempo que una firma puede revisar las cuentas del mismo cliente si éste está en Bolsa. Tal vez por el efecto sorpresa. El límite legal para la revisión obligatoria de cuentas en España es de nueve años, si bien éste puede superarse firmando un nuevo contrato cada año. La propuesta de la Comisión Europea, que esta semana ha aprobado una recomendación al respecto, acorta el plazo hasta los siete años y sólo habla de cambiar el equipo que realiza la auditoría y no de firma.

'Si lo que se busca es aislar al auditor de la influencia de sus clientes, esta medida [del PP] es buena, aunque tiene que ser debatida', subraya José Luis López Combarros, presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

A pesar de ello, todos los auditores consultados consideran la propuesta 'descabellada', tanto por la forma elegida, a través de una enmienda y, según ellos, sin avisar a la profesión, como por el impacto. El propio López Combarros, que ha pasado 35 años en Andersen, reconoce que la propuesta tiene 'un coste elevado para las firmas, ya que el mercado se repartiría en función de una ley'.

Periodo de adaptación

Basta con echar un vistazo a la lista de empresas del Ibex 35 para entender el baile de auditores que la medida tendría hoy entre las grandes firmas, que son las que han sabido amarrar a sus clientes: al menos 11 de los 23 clientes de Andersen, entre ellos el SCH, BBVA, Repsol YPF o Endesa; 4 de los 7 de PricewaterhouseCoopers, incluido Gas Natural, y Red Eléctrica de España entre los 3 de KPMG, 16 en total, estarían obligados hoy a buscar nuevo auditor si la ley estuviera en vigor, según los datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Y no podrían recuperalos en los tres años siguientes.

Cada año se realizan unas 25.000 auditorías obligatorias, entre las que están las de las empresas que acuden a los mercados en busca de financiación, lo que supone el 68,7% del total, según los últimos datos oficiales.

A pesar del revuelo, el impacto de la propuesta, que estaría aprobada como pronto en octubre, no sería inmediato, ya que el PP ha previsto un plazo de adaptación de cinco años. 'No queremos que un auditor que lleva 12 años se vaya mañana', explica su portavoz, Vicente Martínez-Pujalte.

Algunos ya han empezado, sin embargo, a echar números. Distintas fuentes de las cinco grandes aseguran que el coste de la auditoría se incrementa entre un 15% y un 50% durante los primeros años, dependiendo del conocimiento del sector; que se podría desatar un baile de profesionales de una firma a otra para seguir con la misma cuenta; y que la calidad de los trabajos se resentiría. Incluso echan mano del único ejemplo europeo, el italiano, donde se ha producido 'un cambio de cromos' entre las cinco grandes, según un auditor.

Lo que está claro es que la propuesta del PP es sólo el último disgusto en unos meses de infarto para el sector. La profesión no sólo vive una crisis de credibilidad por los casos Enron y Gescartera, sino que tiene en el horizonte una nueva fusión entre grandes -Andersen y Deloitte- y, ahora, nuevas normas. Y no ha conseguido unirse en una sola corporación -son tres-, aunque los censores han anunciado esta semana su refundación para dar cabida a todas los auditores, lo que facilitaría su capacidad de diálogo con el Gobierno. Además, el negocio lleva un par de años moderando su crecimiento en España: en 2001 facturó 712 millones de euros, un 15% más que el anterior, y la previsión para éste es del 8%, según un estudio de la consultora DBK.

Con este panorama sólo les queda confiar en convencer al Gobierno de que cambie de opinión. O esperar a que, como en 1988, CiU saque adelante una propuesta menos dolorosa. Entonces esta fuerza consiguió volver inservible el límite de nueve años. Ahora propone calcar la recomendación de Bruselas y que éste sólo afecte al auditor, no a su empresa.