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Educadores de menores conflictivos denuncian la creación de colegios marginales en Alicante

Los expertos aseguran que esta línea pedagógica no favorece la integración de estos niños

La aparición de colegios gueto, centros que aglutinan una población escolar mayoritariamente de etnia gitana e inmigrantes, en la ciudad de Alicante ha suscitado una controversia entre la Consejería de Educación y educadores de la residencia de recepción de menores de L'Alacantí. Este colectivo se opone a la línea pedagógica de Educación de 'segregar' y escolarizar en dichos centros a los menores que proceden de ambientes marginales porque, según denuncia, les 'imposibilita' integrarse socialmente. Educación sostiene, sin embargo, que es la mejor opción.

El procedimiento dispuesto por la Generalitat para rescatar desde la educación a los menores procedentes de ambientes marginales ha constatado las enormes diferencias entre los sectores implicados en su atención. Educación y profesionales de la residencia comarcal de menores de L'Alacantí discrepan en torno al sistema pedagógico idóneo para socializar a estos pequeños.

Un caso paradigmático es el colegio público Gastón Castelló, uno de los cuatro centros que dispone Educación en Alicante para atender a niños que arrastran déficits sociales, problemas conductuales y un importante retraso escolar a causa del ambiente de exclusión del que proceden. Juan Espinar, director territorial de Educación en Alicante, opina que 'para conseguir la integración de este alumnado es preciso que pasen por este tipo de colegios', para después 'dar el salto a colegios normalizados'.

Esta postura está a años luz de la tesis que postulan educadores de la residencia de L'Alacantí y algunos docentes. Este colectivo, a través de su portavoz, José Santamaría, recalca que con el procedimiento pedagógico actual se consigue 'ahondar aún más' en la marginación que sufren los menores. 'Son guetos', define contundente Santamaría, 'donde los niños no consiguen un mínimo de aprendizaje dado que las pautas que observan en estos centros son las mismas que las que viven en su núcleo familiar'.

El colegio Gastón Castelló cuenta con una población escolar de 80 niños, mayoritariamente pequeños de etnia gitana e inmigrantes. 'Se trata de niños con pocos hábitos y con graves problemas sociales', describe Carmen Reig, profesora del centro. 'Aprenden muy despacio, porque les importa bien poco', añade. Apenas hay menores procedentes de familias no conflictivas. Los profesores reconocen que las familias no matricularían a sus hijos en un centro como éste. Manuel Porras, otro docente, opina que la 'mejor solución' para estos niños es la integración en colegios normalizados. 'Pero con los medios actuales, es imposible', dado que su escolarización en esos centros entorpecería el ritmo de aprendizaje del resto, añaden. Los educadores de la residencia de menores, -quienes interpusieron la semana pasada una denuncia contra Educación por impedir la matriculación de tres pequeños de etnia gitana en dos centros normalizados-, apuntan que la LOGSE obliga a atender al alumnado con necesidades especiales en colegios convencionales. La ley, continúan, 'consagra los principios de normalización e integración'.

Una antigua profesora del centro Gastón Castelló, que prefiere mantener el anonimato, explica que decidió abandonar este colegio por 'no estar de acuerdo' con la línea de segregar a estos pequeños. 'Vamos a una sociedad multirracial. Las aulas son el reflejo de la sociedad', dice. 'Cómo vamos a afrontar la presencia de inmigrantes con colegios exclusivos para ellos', ironiza. La docente dice que la concentración de niños desfavorecidos en estos colegios impide su 'socialización ya que no conocen otro patrón de conducta, salvo el de su ambiente marginal', concluye.

Residencia en precario

Los tres niños de etnia gitana que han permanecido sin escolarizar durante dos meses tras ser rechazados en dos colegios públicos de Alicante permanecen acogidos en el único centro de recepción de menores que existe en L'Alacantí. Este centro sigue siendo objeto de polémica, después de que el consejero de Bienestar Social, Rafael Blasco, anunciara en octubre del pasado año su cierre para rehabilitarlo y destinarlo a acoger a niños inmigrantes. Un año después de este anuncio, el citado centro para inmigrantes continúa sin ser operativo pese a que la apertura estaba prevista para mayo. Rafael Blasco apuntó que los menores serían distribuidos en pisos tutelados repartidos en la ciudad. Sin embargo, esta opción indignó a los educadores de esta residencia, quienes coincidían en la necesidad de cambiar a los pequeños a otras instalaciones por el estado de precariedad de las actuales, pero no a pisos tutelados. La Consejería de Bienestar Social aceptó la sugerencia de los educadores y prometió la construcción de otra residencia en unos terrenos próximos a la actual.

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