Los partidos utilizan el informe de la sindicatura sobre el 'caso Pallerols' para acusarse mutuamente

El informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la gestión de los fondos para la formación de parados entregado el jueves al Parlament se convirtió ayer en arma arrojadiza entre los partidos catalanes. El cruce de acusaciones contradictorias contribuyó a diluir la esencia del asunto, las serias acusaciones de financiación irregular de Unió Democràtica (UDC) en el caso Pallerols, en un mar de declaraciones basadas en irregularidades administrativas de menor importancia.

Sólo el presidente de Iniciativa Verds, Joan Saura, se atrevió a pedir la dimisión del síndico Marià Nicolàs, el autor de la parte del informe que debía haber versado sobre el caso Pallerols, por no haber realizado ninguna investigación sobre él y haberse limitado a reproducir diversos informes que ya eran conocidos. Marià Nicolàs, nombrado en su día a propuesta de CiU, tomará posesión el martes del cargo de síndico mayor, puesto al que ha sido aupado también con el único apoyo de CiU.

Saura afirmó que la dimisión de Nicolàs debe ser el primer paso para que se establezca en la sindicatura 'un funcionamiento independiente, eficaz y responsable'. Agregó que es 'inconcebible' que después de tres años de recibir el encargo la sindicatura haya entregado un informe sin 'profundizar ni detectar y señalar nombres, cifras y hechos que clarifiquen el caso'.

Los socialistas no secundaron la petición de dimisión porque, según la opinión del diputado Josep Maria Rañé, 'reabriría la crisis que la sindicatura ha vivido durante más de un año'. Rañé criticó también que el informe no haya investigado la gestión de los fondos administrados por el Departamento de Trabajo sobre los que pesan las acusaciones de haber sido destinados en parte a financiar a Unió Democràtica a través del grupo Pallerols de academias de formación para desempleados.

Rañé destacó, no obstante, que a pesar de que Nicolàs haya 'mutilado la investigación', ésta incluye elementos ya conocidos, como informes de la Intervención de la Generalitat, que en su día aportaron ya elementos muy importantes y graves. Por esta razón, dijo, 'ahora ya no corresponde esperar más, sino crear la comisión de investigación parlamentaria' que la izquierda viene reclamando desde el principio de la legislatura.

El informe sirvió al diputado de Unió Democràtica Enric Millo para acusar al PSC y en particular a su primer secretario, José Montilla, alcalde de Cornellà de Llobregat, de 'obstruccionismo' en la investigación de la sindicatura sobre la gestión de fondos para parados. Extendió estas acusaciones al Ayuntamiento y la Diputación provincial de Barcelona basándose en irregularidades menores que sí fueron reflejadas en la parte del informe no realizada por Nicolàs.

En esta misma dirección apuntó la diputada del PP Alicia Sánchez Camacho, que preguntó a Montilla si iba a ser consecuente con la petición de dimisión que semanas atrás formuló al líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida. Montilla replicó ayer mismo señalando que estas recriminaciones de CiU y el PP son una 'grotesca e impresentable' utilización de la 'táctica del calamar, destinada a echar tinta sobre todos para ocultar lo esencial: el caso Pallerols'.

El portavoz de ERC, Josep Huguet, se sumó a las acusciones de CiU y el PP para señalar que las irregularidades afectan tanto a la Generalitat como a algunos ayuntamientos y anunció que su partido presentará el informe a la fiscalía.