'Señor, misión cumplida'

Es difícil precisar el momento en que el general Franco decidió prescindir de don Juan de Borbón como sucesor, a título de Rey, de la monarquía instaurada por su régimen político.

Franco, sin duda practicaba aquella máxima que le gustaba recordar: 'Uno es dueño de lo que calla y prisionero de lo que dice'.

Durante más de treinta años mantuvo silencio y permitió todo tipo de especulaciones sobre quién le debía suceder.

Conocidas sus inclinaciones hacia la institución monárquica y su respeto hacia la Casa Real -no olvidaba que el rey don Alfonso XIII fue padrino de su boda-, la decisión que hubiera de adoptar no era cuestión de simpatías o antipatías personales, sino la determinación del perfil adecuado para la jefatura del Estado en razón a criterios de identidad política. Todo el sistema de garantías sucesorias fue subordinado a razones de lealtad: lealtad al espíritu que inspiró a los vencedores en la cruzada; a los principios del Movimiento Nacional surgido de la misma; al rechazo casi visceral a la democracia partidista; a la identificación con una monarquía que se legitimaba en la victoria de la guerra civil.

Don Juan Carlos se decidió por el cambio hacia la monarquía que defendía su padre

La reforma iniciada desde las leyes franquistas respetó los principios de legalidad

Por eso el general Franco, al comunicar al titular dinástico, conde de Barcelona (julio de 1969), que había tomado la decisión de presentar a las Cortes a su sucesor, le expresa su sentimiento por la 'desilusión que pueda causaros', añadiéndole que debe comprender que no se trata de una restauración, sino la instauración de la monarquía como coronación del proceso político del régimen, y que eso exige la identificación más completa con sus esencias, dando por supuesto que don Juan de Borbón no estaba comprendido en esa hipótesis.

Termina con una frase cargada de intenciones y un tanto maliciosa: 'Confío que esta decisión no alterará los lazos familiares de vuestro hogar'; el general quería curarse en salud.

Así las cosas, el dilema quedaba situado en el terreno elegido por Franco, y la única monarquía posible para el caudillo era la de las leyes fundamentales, legitimada por la victoria surgida de la guerra iniciada el 18 de julio de 1936.

Franco moría en noviembre de 1975 con la convicción de que dejaba todo 'bien atado' y con la precaución de aclarar en el testamento que la petición a sus compañeros de armas de lealtad al Rey se concretaba en la persona de don Juan Carlos; precaución que adoptaba ante el hecho de que todavía entonces vivía su padre, don Juan de Borbón.

Desde los primeros momentos del reinado de don Juan Carlos se respiraba un aire distinto; pero nadie sabía ni cómo ni cuándo podría producirse algún cambio. Lo más importante era, sin embargo, saber en qué habría de consistir éste, porque la monarquía instaurada debía su legitimidad a un acontecimiento que suponía la consolidación de la división de los españoles en dos bandos.

Esta monarquía 'de nueva planta', como la denominarían algunos constitucionalistas, tenía un contenido y significado directamente enraizados con el espíritu de la victoria. Nada debe al pasado -afirmó Franco- 'y no admite ni pactos ni condiciones'.

Por entonces, don Juan de Borbón hacía público en París (noviembre de 1975) una nota en la que recordaba que la monarquía, para ser útil a España: '...Debe ser un poder arbitral independiente que facilite la superación de la guerra civil... La consolidación de una verdadera democracia pluralista, nuestra plena integración en la Comunidad Europea y el pacífico acceso del pueblo español a la soberanía nacional para que tenga auténtica representatividad en las instituciones políticas, hasta hoy emanada de la voluntad del general Franco...'.

Las cartas estaban echadas y quien habría de jugarlas era el Rey recién instaurado en el trono.

Pasaron los meses y don Juan Carlos se decidió inequívocamente por el cambio hacia esa monarquía que venía siendo defendida por su padre, el conde de Barcelona.

Y fue entonces, cuando la Ley de Reforma Política había sido refrendada mayoritariamente; cuando los partidos políticos -incluido el comunista- habían quedado legalizados; cuando estaban convocadas las primeras elecciones democráticas libres y por sufragio universal desde 1936, el momento elegido por padre e hijo, con una voluntad integradora definida, para producir la renuncia de los derechos históricos por quien venía ostentándolo desde 1942 y la aceptación por parte del Rey de la nueva monarquía.

No se trataba de un problema sentimental ni de resolver cuestiones dinásticas porque lo que en realidad estaba en juego era la elección definitiva del modelo institucional que se pretendía para España.

De un lado estaba claro que la monarquía de las leyes fundamentales no contemplaba el pluralismo político, ni la democracia representativa, ni, por supuesto, la superación de la guerra civil, ya que toda su legitimidad procedía de la victoria alcanzada en la misma y la perpetuación de la dialéctica de vencedores-vencidos. Esa monarquía significaba una opción concreta que, habiendo sido descartada del ánimo del rey don Juan Carlos, tenía, sin embargo, la imagen de continuidad que era necesaria para romper la legalidad existente.

De otro lado, el legado histórico mantenido por don Juan no estaba tanto en sus títulos, privilegios, ni en la jefatura de la Casa Real española como en su contenido político, concretado desde el manifiesto de 1945 en que su titular, don Juan de Borbón, había definido la monarquía de todos los españoles con 'aprobación inmediata por votación popular de una constitución política' con el respeto de los derechos humanos, establecimiento de una asamblea legislativa elegida por la nación, una amplia amnistía política y toda una serie de características que la permitían configurarse como una monarquía constitucional y parlamentaria.

Hubo, sin duda, vacilaciones y tropiezos en el camino seguido por la monarquía encabezada por don Juan, pero lo sustancial estaba claro, y ésa fue precisamente la razón última del rechazo casi visceral que le aplicó el franquismo.

Fue en el acto -sencillo pero trascendental- celebrado en el palacio de la Zarzuela el 14 de mayo de 1977 (hace ahora 25 años) donde se produce un gesto significativo del cambio, y la monarquía que había recibido las legitimidades franquistas se asienta sobre bases democráticas en lo que a los pocos meses debía ser la monarquía constitucional.

Con escasa asistencia y mínima publicidad, ante el notario mayor del Reino y ministro de Justicia, Landelino Lavilla, en presencia de su familia y algunos invitados especiales representativos del antiguo consejo privado de don Juan, el conde de Barcelona cede aquellos derechos que había conservado durante 36 años, desde que los recibiera de su padre, don Alfonso XIII, diciendo: '... Instaurada y consolidada la monarquía en la persona de mi hijo y heredero, don Juan Carlos, que en las primeras singladuras de su reinado que ha encontrado la aquiescencia popular claramente manifestada... creo llegado el momento de entregarle el legado histórico que heredé y, en consecuencia, ofrezco mi patria, la renuncia de los derechos históricos de la monarquía española, títulos...'.

Pero si importante fue el gesto de renuncia de don Juan de Borbón, no lo fue menos la aceptación de don Juan Carlos de aquellos derechos, y en palabras tan emocionadas como las que acababa de oír de parte de su padre, afirma: '... Al recibir de tus manos el legado histórico que me entregas, quiero rendirte el emocionado tributo de mi cariño filial, unido al respeto profundo que siempre te he profesado...'.

Como señala en sus comentarios a la Constitución Joaquín Tomás Villaroya, 'la cesión también por parte de don Juan de Borbón y la aceptación por su hijo que aquél recibió de don Alfonso XIII reanuda la continuidad sucesoria, y, de alguna manera, la instauración de una monarquía en una dinastía que iniciaba don Juan Carlos se convertía en una restauración'.

Si esa restauración tuvo algún sentido lo fue en tanto en cuanto rescataba ese modelo de monarquía constitucional y parlamentaria enarbolada por don Juan de Borbón y que desde aquel momento hizo suya el rey don Juan Carlos. Por si fuera poco, la significación política de aquel acto del 14 de mayo, en que se restauraba la legitimidad dinástica, quedó refrendada por el artículo 57 de la Constitución, que meses más tarde debía de aprobarse gracias a la enmienda introducida en el Senado por Joaquín Satrústegui (uno de los protagonistas más destacados de la transición), al quedar definitivamente reflejado que Su Majestad don Juan Carlos I es el legítimo heredero de la dinastía histórica.

El senador Satrústegui, al defender la enmienda, que fue aceptada, no olvidó señalar la vinculación que existía -al menos para algunos- entre la defensa de los derechos de don Juan de Borbón y los valores de la democracia, afirmando que la renuncia y aceptación del legado dinástico se había hecho 'cuando, conforme a lo que él siempre quiso, el pueblo español iba hacerse cargo de su propio destino mediante unas elecciones libres después de una amnistía general'.

Ciertamente el acto de cesión -aceptación de los derechos dinásticos- suponía la apertura de la legitimidad democrática, que tuvo lugar de manera más lenta y compleja.

No se quiso romper el complicado sistema jurídico de las leyes fundamentales que amparaban al franquismo, y la legalidad de su reforma se inició desde la ley del 4 de enero de 1977, dentro del camino que conduciría a la Constitución de 1978.

Después del acto del 14 de mayo de 1977, celebradas las elecciones el 15 de junio, al inaugurar la legislatura constituyente, el Rey decía: 'La institución monárquica proclama el reconocimiento sincero de cuantos puntos de vista se simbolizan en estas Cortes. Las diferencias ideológicas aquí presentes no son otra cosa que distintos modos de entender la paz, la justicia, la libertad y la realidad histórica de España'.

Está claro que aquella reforma iniciada desde las leyes franquistas, y que nos llevó a la Constitución democrática, tuvo un escrupuloso respeto a los principios de legalidad que la habían inspirado. Ése es su mérito y quizás también la carga política que ha debido aceptar. Pues, sin renegar del pasado franquista, ha asumido los nuevos compromisos que la convierten en ese modelo que debe reconocerse como monarquía democrática, monarquía de los ciudadanos.

Dentro de las paradojas que se pudieron contemplar en toda nuestra transición política, una de las más curiosas es la de que precisamente quien inspiraba aquel cambio y evolución 'de la ley a la ley' -profesor Fernández- Miranda-, en cuanto llegó el momento se abstuvo de votar a favor de la nueva Constitución, que se había hecho posible con aquella fórmula.

Al cumplirse ahora el 25º aniversario de aquel 14 de mayo de la monarquía restaurada, pienso que sería oportuno dedicar un recuerdo a quien con su renuncia de los derechos dinásticos rindió un servicio más a la monarquía española. 'Majestad. Por España, todo por España', fueron las palabras con que dejó en manos de su hijo y heredero, el rey don Juan Carlos, el legado histórico de una institución que hoy preside felizmente un régimen democrático.

Nada es perfecto, pero, como recordaba el profesor Sánchez Agesta, 'los españoles han reconocido en la monarquía un símbolo de paz, de continuidad, de libertad y de justicia social que se identifica con la noción misma del Estado como organización jurídica de la nación, gestos más profundos que la legalización democrática que podría significar un referéndum de la forma de gobierno'.

Sin duda, el rey don Juan Carlos, que ha presidido toda esta obra, podría muy bien dirigirse en el recuerdo a su padre, de quien tanto recibió, diciéndole sencillamente: 'Señor: misión cumplida'.

Fernando Álvarez de Miranda y Torres es ex consejero de don Juan de Borbón y ex presidente del Congreso de los Diputados.