Revoltijo financiero

Si el perfeccionamiento de la democracia pasa por facilitar al ciudadano la comprensión de la tarea de sus representantes, los legisladores, no puede decirse que el Gobierno español esté contribuyendo a ello, al menos desde una perspectiva económica. Las denominadas 'leyes de acompañamiento', que cada año se suceden junto al proyecto de Presupuestos, son un exponente suficientemente representativo de esa manifiesta falta de sistematización de contenidos, heterogeneidad y desorden en la presentación de las propuestas legales de difícil conciliación con el mínimo rigor parlamentario, con la facilidad para las tareas de control y la necesaria comprensión de los administrados de las tareas de sus representantes.

La última muestra de esos precipitados e irrespetuosos usos parlamentarios la ha dado la denominada Ley Financiera. Bajo el enunciado de Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, el proyecto que ahora inicia su tramitación incorpora modificaciones a más de una veintena de disposiciones legales en los ámbitos de los cinco enunciados genéricos de sus capítulos. En la precipitación con que se ha configurado ese cajón de sastre de medidas heterogéneas, muy importantes algunas de ellas, han tenido un papel destacado escándalos protagonizados por instituciones de nuestro sistema financiero, en particular el de Gescartera.

Resulta, además, que algunas de las variaciones normativas más significativas, como son las referidas a las cajas de ahorro, ni siquiera forman parte del articulado de ese proyecto de ley, ya que han sido introducidas como enmiendas por el partido gobernante. El procedimiento, de entrada, dificulta su discusión previa y el consenso necesario en su definitiva formulación, en especial con las comunidades autónomas, quienes disponen de importantes competencias reguladoras y supervisoras sobre las cajas de ahorro.

Si bien alguna de las modificaciones introducidas a propósito de las cajas son convenientes para su funcionamiento, como las emisiones de títulos de remuneración variable que fortalezcan sus recursos propios, otras, caso de la limitación de la edad máxima para los consejeros, responden a una total arbitrariedad. Sin necesidad de entrar en otras consideraciones, la imposición por ley de ese límite de 70 años sólo a las cajas de ahorro menoscaba su capacidad reguladora y la mínima autonomía de sus órganos de gobierno. Y suscita dudas razonables acerca de sus motivaciones últimas, entre las que destaca la presunción de que se está utilizando la capacidad legislativa para tomar el control de determinadas cajas.

Más llamativo aún resulta que ese empeño coexista con la defensa activa de situaciones incomprensibles en un sistema financiero moderno, como la constituida por el desacato de una de las cajas controladas por la Iglesia, la cordobesa Cajasur, a la ley aprobada por el Parlamento de Andalucía. En Cajasur, su presidente, el sacerdote Miguel Castillejo, además de llevar 24 años al frente de la institución, supera ampliamente los 70 de vida. Valdría más, por tanto, que los esfuerzos de defensa hechos por el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional en este contencioso los hubiera empleado en eliminar una de las más serias anomalías legales de un sistema que trata de homologarse con los avanzados.

Una vez más, el Gobierno convierte un propósito necesario, y en muchos aspectos ampliamente compartido, en este caso la adecuación de las instituciones, los mercados y las normas financieras, en un ejercicio de arbitrariedad y falta de rigor.