El Colegio de Abogados recurre la orden que prohibe ofertar empleo a inmigrantes

La Subcomisión de Extranjería del Colegio Superior de la Abogacía Española recurrirá por la vía jurisdiccional la circular del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales por la que se insta a la Administración a denegar todas las ofertas de trabajo a inmigrantes tramitadas a partir de enero de este año.

Ésta es una de las conclusiones más importantes alcanzadas en el XII Encuentro de abogados sobre Derecho de Extranjería, que concluyó ayer en Alicante y que se inició el pasado jueves. Durantes estos días juristas y responsables políticos han abordado el fenómeno de la inmigración y han analizado la nueva Ley de Extranjería, vigente en nuestro país desde hace un año.

En opinión de la vocal de la Subcomisión de Extranjería del Colegio Superior de la Abogacía Española, María González, la denegación de las ofertas de trabajo 'no viene avalada por ningún motivo o norma', y explicó, en declaraciones a Efe , que la legislación señala que 'el rechazo de una oferta laboral deberá estar razonado'.

La responsable de esta Subcomisión de Extranjería indicó que esta misma circular remite la aprobación de ofertas de trabajo y la consiguiente incorporación de inmigrantes al mercado laboral a los contingentes, los cuales 'no han sido abiertos' en muchas provincias españolas, entre otras en la de Alicante.

Otra de las decisiones aprobadas por los asistentes a este encuentro ha sido la de enviar un informe al Gobierno sobre la asistencia jurídica a inmigrantes en puestos fronterizos, debido a las 'irregularidades detectadas' y los problemas jurídicos denunciados. En este sentido, González afirmó que, en el caso de las dependencias fronterizas de Canarias, 'se han detectado asistencias jurídicas colectivas y autos de expulsión colectiva' en contra de lo establecido por la legislación, que indica la obligación de resolver de forma particular e individual cada uno de los expedientes o casos registrados'.

Sobre la situación de la asistencia a menores inmigrantes, especialmente en Ceuta y Melilla, González afirmó que los abogados detectan diariamente 'problemas de competencias entre los servicios locales y autonómicos de Acción Social y los propios de la Subdelegación o Delegación del Gobierno central'. Según la letrada 'esto genera desprotección del menor y, como abogados, emitiremos un informe sobre esta preocupante situación'.

Otro de los asuntos tratados en la reunión fue el aumento de los autos de resolución de expulsión de inmigrantes registrado, cuando existe la posibilidad de abrir una sanción económica o multa como medida alternativa, y la falta de medios humanos y materiales que presentan muchas dependencias de la Administración central tanto para informar a los inmigrantes como para estudiar expedientes de regulación.