Educación autoriza a 5 colegios concertados con 6,6 millones a gestionar 3.700 plazas sin control municipal

Los cinco grandes colegios concertados de Godella (cuatro de titularidad eclesiástica o vinculados al Opus Dei y una cooperativa) podrán gestionar el proceso de matriculación de sus 3.700 plazas escolares que comienza el lunes sin control alguno de la Comisión de Recepción de solicitudes -acordada en la Comisión de Escolarización Municipal al amparo del decreto de admisión aprobado por el Consell en 1998 - pese a estar subvencionados con más de 6,6 millones de euros (1.200 millones de pesetas), una resolución de Educación dejó el jueves sin efecto el acuerdo municipal y falló a favor del 'recurso de alzada' presentado por los cinco titulares, según la documentación en poder de EL PAÍS. Estos colegios -Luis Amigó, Sagrado Corazón, Domus, San Bartolomé y Gençana- tienen concertado todos los niveles desde segundo ciclo de Infantil hasta la ESO.

La resolución dictada el 6 de mayo por la Dirección Territorial de Valencia, que dirige Nieves García, 'un hecho sin precedente', según CC OO, deja 'sin efecto las Comisiones de Escolarización -definidas en el decreto de admisión como los órganos encargados de 'adoptar las medidas oportunas para garantizar la adecuada escolarización de los alumnos'. El Ayuntamiento de Godella, según adelantó ayer el concejal de Educación, Voro Soler, recurrirá por vía del contencioso esta 'insólita decisión, que anula las competencias de la Comisión para designar un centro único de recepción de solicitudes, y elimina las garantías para hacer transparente el proceso de matrícula y evitar cualquier discrecionalidad o incumplimiento en la gratuidad de matrícula', a la que están obligados estos centros al acogerse al régimen de conciertos. Algo, que de entrada, padres de tres de estos colegios consultados, aseguran que 'no se cumple', ya que se 'cobra de forma indirecta bien por actividades extraescolares o bien para fundaciones mensualidades entre 20.000 y 35.000 pesetas'.

CC OO alerta que eliminar los controles públicos de planificación y distribución del alumnado permite 'segregar a los alumnos por su procedencia socioeconómica, rendimiento académico u origen, en caso de que la solicitud proceda de un inmigrante'.

Precisamente estos argumentos fueron motivo de una fuerte polémica a finales de 1999, al detectarse irregularidades en una decena de centros concertados también religiosos o vinculados al Opus, lo que llevó a Educación a abrir una comisión de investigación y a extremar los controles fiscales.