El Ayuntamiento en casa

Ser vecino del alcalde no siempre es una ventaja. Antonio González Moreno, propietario de un edificio colindante con el Ayuntamiento de Aranjuez, lo comprobó en 1998 cuando vio cómo las obras de remodelación de la casa consistorial incluían en el proyecto 15 metros cuadrados de su casa.

Las obras, encargadas por el alcalde de la localidad, José María Cepeda (del PP), supusieron una reestructuración completa del edificio municipal, salvando únicamente la fachada.

Pero al emprender las obras de reforma del archivo municipal, ubicado en la última planta del Ayuntamiento, los técnicos municipales se toparon con un muro y una puerta cerrada que les impedía el paso a la zona situada justo encima del despacho del alcalde. De modo que, maza en mano, y considerando que la puerta era señal inequívoca de que el muro y lo que estaba detrás pertenecía al Ayuntamiento, los obreros procedieron a tirar la pared: la desplazaron cinco metros. Pero se equivocaron. Habían entrado en una casa de un sorprendido particular.

'Estando encima del despacho del alcalde, y con esa puerta que daba acceso directo al Ayuntamiento, no era normal que lo que estaba detrás del muro fuera del vecino'. Ésta es la justificación que ayer dio al caso el entonces delegado de Urbanismo y actual concejal de Hacienda de Aranjuez, Miguel Ángel Gálvez.

Pero lo cierto es que sí lo era, y así se lo hizo saber Antonio González a los técnicos municipales cuando la inquilina de su edificio desde hace 60 años, Purificación Aparicio, le advirtió de que los obreros habían entrado en su buhardilla y estaban desplazando los enseres que guardaba, según declaró en el juicio posterior.

Ante el silencio municipal, González interpuso entonces una reclamación administrativa ante el Ayuntamiento, presentando incluso las escrituras de su casa, que demostraban los límites de su propiedad. Pero en tres meses no obtuvo respuesta, lo cual equivale legalmente a una denegación de su petición. 'No se contestó porque creíamos estar actuando bien', apuntó Gálvez.

Las obras continuaron su curso y se completaron en 1999, en vísperas de las elecciones municipales, con los 15 metros cuadrados del edificio de Antonio González transformados en archivo y repletos de ordenanzas municipales. Pero el propietario de la buhardilla okupada no se conformó y denunció al Ayuntamiento ante los jueces para que le devolvieran su propiedad.

Desde el suelo hasta el techo

Durante el juicio, los responsables municipales alegaron que, desde el suelo hasta el techo, todo lo construido sobre el solar del Ayuntamiento era de su propiedad. Un argumento que rebatió el afectado demostrando que el único acceso a la buhardilla era por su escalera, y que, por tanto, el desván le correspondía, a pesar de estar encima del despacho del regidor.

La sentencia, redactada en junio del año pasado, dio la razón a González, y el Ayuntamiento fue condenado a restituir los 15 metros cuadrados a su propietario, algo que hasta la fecha no ha hecho.

En todo este tiempo, el Consistorio ha intentado arreglar el asunto con el propietario para poder conservar sus 15 metros cuadrados de archivo. Pero el acuerdo no ha sido posible, según Gálvez, porque el afectado -que ha rechazado hacer cualquier declaración- reclamaba nada menos que 120.000 euros (20 millones de pesetas) por ceder su parte de buhardilla.

'Es una barbaridad pedir esa cantidad, así que le reintegraremos sus 15 metros cuadrados en cuanto reconstruyamos el muro en su posición inicial', aseguró Gálvez.

El concejal de Hacienda recordó que, cuando se plantearon las obras del Ayuntamiento, un edificio construido en 1786 para servir de residencia a los empleados del palacio de Aranjuez, el Ayuntamiento intentó comprar el inmueble adyacente para levantar en él la nueva sala de plenos. Pero ante la negativa, el Ayuntamiento se quedó sin esa sala y los representantes municipales celebran hoy sus reuniones en una sala cultural próxima.

'Todo este caso demuestra la desidia y prepotencia con la que actuó el alcalde, obligando a un ciudadano a acudir a los tribunales para ser escuchado', saca en conclusión Jesús Dionisio, portavoz municipal del PSOE.