Guadalajara autoriza una cementera a cuatro kilómetros de un pueblo de Madrid

Los habitantes de la vega madrileña del Tajuña se encuentran en pie de guerra. Quieren impedir que cuaje un proyecto por el que no pueden protestar ante su Administración. Castilla-La Mancha ha aprobado la construcción de una cementera en Almoguera (Guadalajara), pero a sólo cuatro kilómetros de Orusco y Brea (Madrid). Castilla-La Mancha explica que la explotación cuenta con todos los permisos, aunque reconoce que no ha pasado el trámite de evaluación ambiental, porque la cementera se autorizó antes de que fuera obligatorio este trámite en esta región.

La empresa Derivados Mineros, SL, solicitó permiso en 1995 a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (PSOE) para montar una explotación minera e instalar una fábrica en el término municipal de Almoguera (Guadalajara). Si se echa una ojeada al mapa (ver gráfico), la cementera se instalará en un terreno conocido como Los Carriles, que está pegado a la Comunidad de Madrid, a menos de cuatro kilómetros de Orusco de Tajuña (6.300 habitantes) y de Brea del Tajo (440 habitantes). Estas dos poblaciones, junto a la castellano-manchega de Mondéjar, serán las que sufran las posibles consecuencias de la explotación (humos, ruidos, contaminación, etcétera).

En un principio, Castilla-La Mancha denegó la solicitud a Derivados Mineros, SL, ya que la empresa reclamaba una explotación de 34 cuadrículas mineras (aproximadamente, 1.200 hectáreas). El Gobierno de José Bono se opuso. El 3 de marzo de 1999, la empresa volvió a solicitar la explotación, con una extensión menor: unas 270 hectáreas. Esta vez, la Junta de Comunidades aprobó el proyecto.

Adolfo Rivas, alcalde de Orusco, también del PSOE, considera 'inaceptable' que se instale esta cementera. 'En Orusco no hay grandes industrias. Lo único que tenemos es la naturaleza, y con esto peligra. Es muy fácil eso de aceptar una cementera y ponerla en la frontera para que afecte a pueblos de otra comunidad'. Rivas ya prevé el futuro de su pueblo: 'La fábrica expulsará humos, creará contaminación, va a haber polvo de cemento por todos lados'. El alcalde añade que el trasiego de camiones transportando sacos de cemento puede acabar definitivamente con la paz de su pueblo. 'La gente viene aquí porque no hay atascos, ni ruido, ni malos olores. Si nos plantan una cementera cerca, pues apaga y vámonos', señala.

El regidor de esta localidad añade que la cementera proyectada 'carece de informe de impacto medioambiental'. Es cierto. Luis Santiago, delegado en Guadalajara de la Consejería de Industria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así lo corrobora. El Gobierno regional de Bono aprobó la Ley de Calidad Medioambiental, que obliga a este tipo de instalaciones a pasar un informe de impacto medioambiental, el 3 de junio de 1999, tres meses después de la solicitud de la empresa minera. De esta manera, explica Santiago, 'la empresa queda exenta de pasar ese informe, ya que la ley, como cualquier ley, no es retroactiva'. '¡Qué casualidad!', replica Francisco Garrido, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid. 'Me parece una gran casualidad que lo soliciten tres meses antes. Ahí hay algún listillo', añade el diputado madrileño. Santiago asegura que, aunque la empresa no necesite pasar un informe de impacto medioambiental, 'superará todos los controles pertinentes'.

Según el delegado provincial de Industria, para la autorización definitiva de la explotación, ésta deberá aportar una serie de requisitos. 'En abril le solicitamos que presentara un sistema de filtros para las chimeneas, otro proyecto para los residuos, otro para la recuperación de aguas... Sin esto, no habrá licencia', dice Santiago.

¿Cuándo se instalará la cementera? El alcalde de Orusco cree que será 'dentro de poco'. El delegado en Guadalajara de la Consejería de Industria alberga más dudas: 'Lo que tarden en presentar todos los requisitos: si los presentan mañana, pues mañana; si lo hacen dentro de un año, pues dentro de un año'.

'Sin ánimo de perjudicar'

Santiago entiende que 'no hay ánimo de perjudicar a ningún pueblo de Madrid'. 'También hay vecinos de Mondéjar, que está en Guadalajara, que han protestado. La Junta no decide eso. Es la empresa la que elige la ubicación. nosotros sólo podemos darle el permiso si todo es legal. Y si todo es legal, tampoco podemos denegárselo'.

Francisco Garrido considera que 'tendría que haber algún tipo de control para que este efecto frontera no perjudique a los pueblos de otras comunidades'. Y añadió: 'Los controles deben ser previos; después, de nada sirven'. Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente de Madrid aseguró que el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón 'confía en los controles de Castilla-La Mancha'. Este periódico intentó, sin éxito durante varios días, recoger la versión de los responsables de la cementera.