El ex presidente del Banco Ganadero dice que el BBVA actuó legalmente

El ex presidente del Banco Ganadero de Colombia, Marco Aurelio Royo Anaya, ha enviado un escrito al juez Baltasar Garzón en el que señala que toda la operación de adquisición del banco por parte del BBVA fue 'lícita, legal y totalmente controlada por las autoridades competentes'. Al mismo tiempo, Royo se pone a disposición del juez, sin necesidad de esperar a que sean cursadas comisiones rogatorias, para declarar y aclarar cualquier duda que pueda existir sobre su actuación.

Royo hace extensiva esa disposición a comparecer en el juzgado a su socio Enrique Gerlain Echevarría, así como otras dos personas que participaron en la operación, José Ramón García de Paredes y Andrés Cardona Restrepo.

El fiscal imputa a Royo el blanqueo de capitales -transferencias de millones de dólares en 1998 con aparente destino a sociedades pantalla en Panamá y Colombia- de procedencia ilícita y solicitó la imputación de Emilio Ybarra, Pedro Luis Uriarte, José Ignacio Goirigolzarri, Mario Fernández, Carlos Delclaux y Alfredo Roselló, por entender que proporcionaron a Royo el cauce preciso para legitimarle fondos procedentes de actividades ilegales a cambio de que BBVA adquiriera el control del Banco Ganadero.

Imposibilidad de lavado

Royo, sin embargo, afirma: 'La total imposibilidad de la existencia de un mecanismo de lavado de dinero se evidencia por el simple y contundente hecho de que en todas las operaciones y transacciones que a continuación detallo no han existido fondos propios aportados por mi persona ni por mi socio el Sr. Gerlain ni por ninguna de las sociedades que han intervenido en las mismas, sino que absolutamente todo se ha financiado a través de préstamos bancarios y posterior realización de las acciones'.

Agrega que debido a la situación de Colombia 'todas las personas que poseen un patrimonio medianamente elevado se ven forzadas a no figurar de una manera directa como titulares del mismo, pues tal cosa supone convertirse automáticamente en un objetivo potencial de extorsión, secuestro, o incluso asesinato, y es por ello que es frecuente que de una forma completamente legal se empleen sociedades extranjeras (uso permitido y amparado por la legislación colombiana) para realizar ciertas operaciones o detentar ciertos derechos, evitando así que sea del conocimiento público cuál es el patrimonio de uno'.