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Arranca la batalla contra los ultras

Rajoy encomienda a un grupo de expertos un plan concreto antes de julio para frenar la violencia

La batalla comenzó de forma oficial. El cerco que las autoridades pretenden ponerle a los ultras y a los violentos que aterrorizan el fútbol arrancó ayer con una reunión en el Ministerio de Interior entre su titular, el vicepresidente del Gobierno Mariano Rajoy, y los presidentes del Consejo Superior de Deportes (CSD), Juan Antonio Gómez Angulo, la Federación de Fútbol, Ángel María Villar, y la Liga Profesional, Pedro Tomás. Fue simplemente una primera toma de intenciones, pero con un mensaje rotundo: la firme voluntad de combatir a los ultras y a la violencia en el fútbol, tras el estallido repentino aparecido en las dos últimas semanas.

Tras el encuentro, Rajoy anunció la constitución de un grupo de trabajo para estudiar las fórmulas con las que poner coto a los ultras y erradicar la violencia en los estadios. Esta comisión, formada por representantes de los organismos deportivos y expertos de prestigio en la materia, debe presentar su informe antes del próximo 31 de julio.

El cometido fundamental del grupo de trabajo versará sobre siete puntos. La tipificación de nuevas conductas violentas; la modificación del grado de las sanciones; la revisión de las infracciones relacionadas con pancartas con símbolos racistas, xenófobos o con apología del terrorismo; el aumento de la seguridad en los acontecimientos deportivos; la potenciación de la formación de los coordinadores de seguridad de los estadios; la puesta en funcionamiento de la UCO (Unidad de Control Operativo), y la posibilidad de hacer comparecer en comisarías o dependencias policiales durante la celebración de los partidos a los aficionados sancionados con la prohibición de accesos a recintos deportivos.

Mariano Rajoy, sobre este último punto que ya se aplica en el Reino Unido, señaló que se va a estudiar la fórmula jurídica para su aplicación, porque 'sólo los jueces' pueden obligar a un aficionado a presentarse en comisaría o en el juzgado. El vicepresidente del Gobierno también lamentó que sólo entre el 10% y el 11% de las personas detenidas por la policía terminen en prisión. 'De las nueve personas detenidas el otro día [por el 1 de mayo en los alrededores del Bernabéu, con motivo del Real Madrid-Barça, de la Liga de Campeones] ninguna ha entrado en prisión', indicó Rajoy.

El máximo responsable del Ministerio del Interior, además, incidió en la necesidad de la puesta en marcha de la UCO, departamento ubicado en la sede de la Policia en el barrio de Canillas y cuya función es coordinar y archivar todas las imágenes grabadas por las cámaras de televisión de todos los campos de Primera y Segunda División. La UCO fue inaugurada hace tres años por el presidente del Gobierno y nunca ha llegado a funcionar por falta de presupuesto. El Ministerio del Interior echa la culpa a la Liga por no entregar tres millones de euros para su mantenimiento. Y el organismo futbolístico replica que esa cantidad está incluida en los 180 millones de euros que invirtió en la instalación de tornos y cámaras de televisión en los campos de Primera y Segunda.

No rotundo a las vallas

En estos momentos un campo de Primera, el del Betis, y ocho de Segunda -Córdoba, Murcia, Jaén, Racing de Ferrol, Burgos, Xerez, Polideportivo Ejido y Gimnàstic de Tarragona-, carecen de esas obras o parte de las mismas. La Liga Profesional no ha realizado las obras pertinentes que, en algunos casos, obliga la Ley del Deporte. El CSD tampoco ha planteado este asunto a la Liga.

El vicepresidente del Gobierno, por otro lado, se manifestó ayer contrario a la reinstauración de vallas en los estadios. 'No es la medida más adecuada. Las vallas han sido las causantes de grandes tragedias', fue la excusa de Rajoy, quien aclaró que mañana, en la última jornada de Liga, se reforzará la seguridad en aquellos campos de especial riesgo. También recordó que, en próximas reuniones para tratar la violencia en el fútbol, se planteará a los clubes la conveniencia de una aportación económica para costear este trabajo y que hasta ahora ha sufragado el Gobierno, con un gasto anual de unos 12 millones de euros.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 10 de mayo de 2002