Interior da protección a 350 jueces y personal de Justicia

Los números dos de Interior de los gobiernos central y vasco, Pedro Morenés y Mikel Legarda, respectivamente, mantendrán hoy una reunión en la capital vizcaína con representantes de los jueces vascos y con la viceconsejera de Justicia, Esther Larrañaga, con el fin de reforzar las medidas de seguridad que este colectivo amenazado por ETA dispone desde el asesinato en noviembre pasado del magistrado de la Audiencia vizcaína José María Lidón. El Departamento de Interior cifró ayer en más de 350 las personas vinculadas con la Administración de Justicia en Euskadi que tienen ahora medidas de seguridad de diferentes tipos, bien escolta directa, contravigilancias u otras. De ellas, unos 270 jueces y fiscales llevan escolta -repartidas al 50% entre ambas administraciones-, la mayoría de ellos unipersonal. Interior prevé destinar este año en concepto de seguridad directa para este colectivo amenazado por ETA un total de 11 millones de euros.

Una de las exigencias que diferentes grupos y colectivos de magistrados y fiscales han trasladado al presidente del Tribunal Superior de Justicia vasco, Manuel María Zorrilla, es la conveniencia de ir colocando paulatinamente doble escolta a los objetivos que más riesgo puedan tener de ser objeto de un atentado, bien porque han aparecido en la documentación incautada a los comandos de la organización terrorista o porque trabajan en una 'zona de riesgo' que, según los expertos policiales, puede ser sensiblemente superior. Una distinción que ya se ha adoptado para otro tipo de colectivos amenazados como los cargos públicos del PSE y del PP.

El Departamento de Justicia prevé, además, gastar este año seis millones de euros para reforzar los sistemas de protección de los edificios y las sedes judiciales, tanto en lo que hace referencia a los medios técnicos como al personal de seguridad. La comisión bilateral sobre la seguridad de personas, creada por la Junta de Seguridad, en la que están presentes Morenés y Legarda, en representación de ambos ejecutivos, se reunió ayer en Arkaute para evaluar el riesgo y la asignación de servicios de protección a personas en Euskadi.