Cataluña perdió 44.000 empleos en 2001, en vez de crear 64.000 como prometió Mas

La liquidación de los Presupuestos de la Generalitat del año 2001 muestra una inclinación poco social y el fracaso de las previsiones del Gobierno catalán sobre reducción del paro. En vez de crearse aquel año los 64.000 nuevos puestos de trabajo prometidos por el entonces consejero de Economía, Artur Mas, la realidad fue que se produjo una destrucción de 44.000 empleos. Al final del ejercicio, los parados contabilizados eran 6.000 más. En 2001, el Gobierno catalán invirtió 54,09 millones de euros menos de lo presupuestado.

El diputado socialista Martí Carnicer, consejero de economía en el gobierno alternativo de Pasqual Maragall, expuso ayer su análisis de la liquidación de los presupuestos de 2001, los últimos elaborados por Artur Mas como consejero de Economía. Su conclusión es que el Gobierno de CiU mantuvo su proverbial política de aumentar los gastos de funcionamiento, recurrir al endeudamiento e incumplir las previsiones de inversión.

Cuando en otoño de 2000 presentó su proyecto presupuestario para 2001, Mas contaba contribuir a la creación de 64.000 nuevos puestos de trabajo y reducir la cifra de paro en 34.000 personas, un objetivo social por excelencia. Pero un año y medio después, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) indican que se consiguió lo contrario de lo previsto: la cifra de empleos disminuyó aquel año en 44.000 y la de parados creció en 6.000 personas.

Los socialistas no achacan al Gobierno catalán toda la responsabilidad de la reducción del crecimiento económico registrado en 2001, pero sí recuerdan que en el debate presupuestario, celebrado en otoño de 2000, Mas hizo caso omiso de las advertencias de la oposición, basadas en que los expertos ya preveían una inflexión a la baja.

El error inicial fue, a juicio del diputado socialista, prever un crecimiento de la economía demasiado optimista, de 3,8 puntos porcentuales del PIB; es decir, 1,3 puntos porcentuales por encima del crecimiento que efectivamente se produjo, que fue de 2,5 puntos. Estas equivocaciones no son inocuas. En la práctica, se tradujeron en una reducción de las inversiones de 54,09 millones de euros (casi 9.000 millones de pesetas), que representa una disminución del 15% de las presupuestadas para 2001.

Para el Departamento de Enseñanza, la reducción de las inversiones fue de 24,40 millones de euros (4.059 millones de pesetas); para el de Sanidad, la reducción fue de 12,83 millones de euros (2.134 millones de pesetas); para el de Universidades la mengua sobre las inversiones presupuestadas fue de 12,12 millones de euros (2.016 millones de pesetas).

En paralelo, los gastos corrientes aumentaron de forma notable. La palma se la llevaron los departamentos de Trabajo, que gastó el 56% por encima de los presupuestado como gasto corriente; el de Medio Ambiente, con el 40,2% de aumento; Agricultura, con el 26,2%, y Presidencia, con el 19,4%.

Uno de los ejemplos más significativos de la 'contabilidad creativa' utilizada por el Gobierno catalán para camuflar el déficit presupuestario es, en opinión de los socialistas, la remisión al ejercicio presupuestario siguiente de facturas del Departamento de Sanidad. En 2001, los pagos aplazados al año siguiente alcanzaron la cifra de 180.000 millones de pesetas.

Otro sistema utilizado para ocultar el déficit presupuestario ha sido la contabilización como 'activos financieros' de algunos gastos que en anteriores ejercicios se incluían en capítulos que sí computaban para el déficit. El caso más destacado es el de la aportación del Gobierno catalán al presupuesto de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV), el organismo que gestiona la radiotelevisión de la Generalitat. Los activos financieros que en 1998 ascendían a 11.020 millones de pesetas se elevaron a 24.620 millones en la liquidación del presupuesto de 2001.

La liquidación presupuestaria muestra que la deuda de la Generalitat que contabiliza a efectos de los pactos de estabilidad presupuestaria asciende a 8.114 millones de euros (1,35 billones de pesetas), unos 57,04 millones de euros (9.490 millones de pesetas) más que el compromiso adquirido con el Gobierno central. La deuda total asciende, según el PSC, a unos 12.922 millones de euros (2,15 billones de pesetas).