Más Europa y más Parlamento

El proceso de construcción europea atraviesa una de sus etapas más decisivas por el desafío que nos supone abordar el debate sobre la reforma institucional y el futuro de la Unión Europea a la vez que se afronta la mayor ampliación realizada antes en el seno de la UE. Y esto en unos momentos de gran incertidumbre provocada por los fenómenos asociados a la mundialización y globalización. En este tiempo, con la entrada en circulación del euro como un elemento fundamental, Europa ha ido avanzando lentamente hacia su integración. Maastricht, Amsterdam, Niza, poco a poco, el gran proyecto europeo va abriendo paso cada vez más a otros actores, como las regiones constitucionalmente reconocidas, aunque sigue siendo aún obra de los Estados.

Por primera vez otros actores están participando activamente en el diseño del edificio europeo. Representantes del Parlamento Europeo, de los Parlamentos nacionales, del Comité de las Regiones, de la sociedad civil, se han incorporado a los trabajos de la Convención preparatoria de la Conferencia Intergubernamental de 2004 que deberá modificar los Tratados. Y eso es positivo porque la legitimación de la Unión Europea será directamente proporcional al grado de implicación de sus ciudadanos. De ahí que los Parlamentos regionales están llamados a articular su participación porque son los que acogen la legitimidad directa de representación de los ciudadanos.

El debate de hoy es radicalmente distinto al de hace tan sólo una década. La propia declaración de Laeken, un texto de corte claramente federalista, se plantea si no debe confiarse la gestión cotidiana y la aplicación de la política de la Unión de modo más explícito a los Estados miembros y, allí donde su Constitución lo prevea, a las regiones.

A los andaluces nos interesa que las instituciones europeas que están decidiendo permanentemente sobre nuestros intereses más cotidianos, bien en las regulaciones de las OCM del aceite o las hortalizas, en la negociación del acuerdo de pesca o en la aplicación de los fondos que financian nuestras infraestructuras, sean lo más transparentes y eficaces posibles. Por eso nos preocupa quedarnos al margen del proceso de toma de decisiones. Es pues un momento adecuado para que las regiones hagan valer su posición en el proceso para que la Constitución en la que debe confluir necesariamente todo este debate reconozca y garantice política y jurídicamente sus competencias. En definitiva, que la Constitución europea tenga en cuenta la dimensión descentralizada de las regiones.

Por eso es preciso ahondar en fórmulas que contribuyan a mejorar y hacer efectivos, de verdad, la aplicación de los principios de participación, proximidad y subsidiariedad como pilares básicos sobre los que se sustenta el proyecto europeo. Hay que contar más con las regiones en la trasposición del derecho comunitario, en la aplicación de las decisiones políticas europeas de mayor dimensión territorial, en la preparación de las posiciones de los gobiernos sobre las políticas comunitarias, incluso en la elaboración de las iniciativas legislativas cuando las decisiones les afecten directa o indirectamente desde una lealtad plenamente constitucional.

Uno de los mecanismos sugeridos en el Libro Blanco de la Gobernanza Europea, elaborado por la Comisión Europea, plantea una fórmula útil, a explorar en Andalucía, como son los contratos tripartitos por objetivos, un medio para favorecer la integración política mediante acuerdos entre la Comisión Europea, los Estados miembros y las regiones en aquellas políticas de fuerte impacto territorial. Pero hace falta lealtad entre las partes.

Sin duda, el incremento de la participación de las regiones en las decisiones de las instituciones europeas contribuirá a incrementar la legitimidad democrática de la Unión Europea. Eso es hacer más Europa y una Europa mejor. Y un mayor control democrático requiere la colaboración activa de los Parlamentos en la elaboración de la política europea. Es preciso una mayor participación de los Parlamentos en la vida comunitaria, una parlamentarización de los procesos de toma de decisiones, comenzando por el fortalecimiento del papel central que debe desempeñar el Parlamento Europeo. Que recupere el verdadero sentido de la institución, como representante del pueblo soberano, como asamblea representante de los ciudadanos que es, elegida directamente, y refuerce su capacidad legislativa y de control democrático. Y que los Parlamentos regionales se impliquen más en el proceso porque podemos aportar un plus de legitimidad. En la medida en que hagamos un esfuerzo por explicar la idea de Europa acercaremos más Europa a los ciudadanos. Por eso es importante que la realidad regional esté clara en la Convención.

Una vez más reitero la necesidad de reformar el Senado para lograr de una vez que España se dote de una Cámara de representación territorial que bien podría resolver y encauzar la participación de las Comunidades Autónomas en la Unión Europea, una cuestión aún pendiente del Estado autonómico.

Estamos decidiendo quién hace qué dentro de una nueva Unión Europea. El diseño previsto para quince Estados no sirve para 25 ni, mucho menos, para 30. Por tanto, el sistema constitucional de la Unión Europea merece adecuarse a las nuevas necesidades acercándose más al modelo clásico de los Estados, el de la separación de poderes, con un Parlamento fuerte del que emane el poder ejecutivo, el futuro Gobierno de la UE en el que debería convertirse la Comisión. Los ciudadanos entenderían mejor un modelo más próximo y claro que el mantenimiento de un sistema confuso, complejo y poco transparente.

El proyecto europeo requiere liderazgo, valentía y ambición. Ante el gran reto que supone, sin duda el mayor de todos, la ampliación de la Unión Europea, la cohesión social y territorial, la solidaridad, deben seguir guiando el lento camino de la integración política y económica. Sólo reforzando esos dos pilares estaremos en condiciones de superar con éxito el desafío que nos va a suponer convertirnos en una Unión de 500 millones de habitantes.

En un momento, además, en que el avance de la extrema derecha ha avivado el racismo y la xenofobia en Europa, es preciso reivindicar en voz alta que el fenómeno de la inmigración pase a convertirse en una prioridad para la Unión Europea desde una perspectiva integradora. Y para visualizar ese compromiso político hace falta que la política estructural comunitaria asuma como valor fundamental el efecto de la inmigración. Para responder a Le Pen no hay que replegarse, sino mejorar el funcionamiento democrático de las instituciones y reforzar las políticas que combaten las causas de tanta discriminación. Hace falta más Europa y más integración como respuesta.

La credibilidad política de la Unión Europa pasa también por el cumplimiento de sus objetivos. Y entre estos, figura el desarrollo de la Unión como un espacio de libertad, seguridad y justicia, de progreso económico y social y de cohesión social y territorial. La ambición del proyecto europeo pasa también por cada uno de nosotros porque la responsabilidad Europa comienza en cada uno de los ciudadanos europeos.

Javier Torres Vela es presidente del Parlamento de Andalucía y del Consejo Andaluz del Movimiento Europeo