EE UU retira definitivamente su firma de la Corte Penal Internacional

George W. Bush no quiere saber nada de la Corte Penal Internacional (CPI), un tribunal que juzgará los crímenes de genocidio, contra la humanidad, de guerra y de agresión. El Gobierno de Estados Unidos ha comunicado formalmente al secretario general de la ONU, Kofi Annan, depositario del tratado fundacional de la CPI, que no enviará el texto firmado por Bill Clinton al Congreso y evitará su ratificación.

La posición estadounidense implica, hasta cierto punto, un boicoteo de la CPI. Estados Unidos no facilitará información e impondrá a los países beneficiarios de algunos de sus programas de ayuda militar o económica la condición de que no colaboren con el tribunal en casos que puedan implicar a ciudadanos estadounidenses. 'Creemos que la CPI se erige sobre unos fundamentos defectuosos, y puede ser manipulada y utilizada para procesos de motivación política', declaró el subsecretario de Estado, Marc Grossman, cuando anunció de forma oficial una decisión prevista desde meses atrás.

Bush se niega en redondo a que ciudadanos de Estados Unidos de servicio en el exterior (diplomáticos, soldados, agentes de la CIA) e implicados en presuntos crímenes de guerra sean juzgados por la Corte Penal Internacional.

El anuncio era esperado, pero supone un nuevo motivo de desaliento para los aliados de EE UU. La primera potencia mundial firmó el tratado bajo la presidencia de Clinton y participó activamente en las negociaciones previas, imponiendo una reducción de las competencias inicialmente previstas y algunas cláusulas que otros países consideraban contraproducentes. Eso hace especialmente frustrante el hecho de que ahora se desentienda del resultado.

'Favorecemos una estrategia alternativa, basada en devolver las competencias a su nivel natural, que es el Estado', dijo Pierre Prosper, embajador de EE UU para asuntos relacionados con crímenes de guerra. 'Queremos conseguir que todos los Estados del mundo tengan el nivel de democracia y la capacidad judicial necesarias para juzgar los crímenes de guerra que puedan haber cometido sus ciudadanos', explicó el embajador.

Mientras tanto, Washington mantendrá su apoyo a tribunales específicos, como los creados para juzgar los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en los conflictos de Ruanda, ex Yugoslavia o Sierra Leona.

Pero Estados Unidos no cooperará, en ningún caso, con la Corte Penal Internacional. 'Ese tribunal deberá contar con sus propios recursos; no aportaremos la información que esté en nuestro poder, por importante que sea para la resolución de un caso', declaró Prosper.

En cambio, reformará sus leyes para evitar que los acusados de crímenes de guerra se cobijen en territorio estadounidense y, en su caso, expulsará a esos presuntos criminales (siempre que no sean ciudadanos de Estados Unidos) hacia países donde puedan ser entregados a la Corte internacional.

[La retirada estadounidense del CPI es una 'señal muy peligrosa', estimó ayer Mary Robinson, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La decisión de Washington es 'muy lamentable y realmente preocupante', añadió Robinson en una entrevista con la emisora británica BBC. 'Sabíamos que Estados Unidos no era favorable a la Corte Penal Internacional', declaró. 'Están en su derecho, pero tomar la decisión de no firmar o de retirarse de una firma es una señal muy peligrosa', agregó. 'EE UU no sabe hasta qué punto es importante para el mundo la Corte Penal Internacional', dijo Robinson].