Un sector financiero necesitado de mayor independencia del poder político

Más allá de las graves irregularidades detectadas en la Caja de Guadalajara por el Banco de España, se vuelve a poner en la picota el poder político que rige por lo general en todas las cajas de ahorros, donde las mayorías en los gobiernos autonómicos o en las diputaciones determina su control. Los resultados de la inspección se conocen, precisamente, cuando se están negociando las enmiendas que los partidos políticos presentarán a la Ley Financiera en el Congreso, que pretende profesionalizar el sector. Hoy comenzará a discutirse dicha ley en el Parlamento sin que haya en ella grandes cambios referidos a las entidades de ahorro.

Hace meses, cuando los partidos políticos -tanto el PP como el PSOE- presentaron sus propuestas para reformar las cajas, parecía que se iniciaría una nueva etapa. Sin embargo, a medida que avanzaron las negociaciones de los dos partidos con sus respectivos barones colocados en las comunidades autónomas y en las cajas, la gran reforma ha quedado en pequeños retoques que no afectan al problema principal: desligar al poder político de estas entidades. Hasta ahora, parece que el único tema relevante es limitar la edad máxima de los presidentes, que no parece el más relevante en la gestión.

El caso de Caja de Guadalajara no es, ni mucho menos, generalizado, pero recuerda la importancia de profesionalizar al máximo la mitad del sistema financiero.