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El PP aduce el 'caso Hormaechea' como base de su querella contra el Consorcio de Aguas

Los populares acusan a la entidad de malversación por pagar anuncios con críticas a partidos

El Consorcio de Aguas vizcaíno recibió ayer la segunda querella judicial. Si la pasada semana el PSE acusó a su directiva de presunta prevaricación por pagar anuncios en prensa en que criticaba a partidos políticos, ahora ha sido el PP el que denuncia una malversación de fondos públicos por el mismo hecho. Los populares se basan en otra sentencia judicial, en la que el ex presidente de Cantabria Juan Hormaechea fue condenado en 1994 'exactamente por lo mismo: pagar con dinero público un anuncio para insultar y meterse con los demás partidos políticos'.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Antonio Basagoiti, formalizó a media mañana de ayer la querella en los juzgados de la capital, que incrementa la polémica en torno a la entidad pública que gestiona el saneamiento y abastecimiento de agua de 53 municipios vizcaínos (el 90% de la población del territorio). A mediados de abril, el PP presentó un escrito ante la Fiscalía del País Vasco, para que lo remitiese a la Fiscalía Anticorrupción, por presuntos casos de 'enchufismo' en una de las empresas del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia: tres de los ocho trabajadores fijos tienen una relación directa con el PNV y la empresa del padre de otro empleado ha recibido adjudicaciones.

Varios días después, el PSE aseguró que la entidad ha desviado para otros fines más de 120 millones de euros que debían haberse dedicado exclusivamente al Plan Integral de Saneamiento.

Estos hechos motivaron la reacción de la dirección de la entidad, copada por PNV y EA, que pagó la inserción de anuncios en varios medios de comunicación en cuyo texto rechazaba las acusaciones y califica la actuación de los socialistas de 'patética' e 'irresponsable'. Además, tachaba la postura del PP de 'demagógica y vergonzante'.

'El dinero de los impuestos'

Pocos días después, el PSE presentó una denuncia en los tribunales por presunta prevaricación (adoptar una resolución injusta a sabiendas) al constatar que los anuncios tenían 'una finalidad de crítica política al servicio' de los responsables del Consorcio, 'todos los cuales militan en el PNV'. Los populares han estudiado durante más de una semana el contenido de los anuncios buscando precedentes judiciales similares.

El concejal Antonio Basagoiti se refirió ayer a la sentencia de 1994 que supuso la defenestración política del entonces presidente de Cantabria, Juan Hormaechea. El Tribunal Superior cántabro le condenó a seis años de prisión y siete de inhabilitación absoluta por malversación de caudales públicos por pagar anuncios en prensa en los que criticaba a sus adversarios políticos. Aquel fallo consideraba 'rechazable' que el debate político se sufrague con fondos públicos 'al no suponer ningún beneficio para la comunidad, ni siquiera como manifestación de propaganda institucional'. Añadía la 'posición no legitima de superioridad' de esta actuación frente a la de quienes 'al no estar en las instituciones tienen que invertir en la propaganda exclusivamente sus medios personales'.

Basagoiti explicó que el Consorcio usó para publicar los anuncios 'el dinero de los ciudadanos para cuestionar la labor de las formaciones democráticas y entrar en el debate con el dinero de la tasa del agua'. El PP cree que esta actuación supone una malversación de fondos públicos y abogó por una postura 'contundente' hacia el PNV 'porque ya está bien de usar el dinero de los impuestos para criticar' a las demás formaciones políticas.

El portavoz popular insistió en los 'asuntos turbios' del presidente del Consorcio Bilbao-Bizkaia, Iñaki Etxebarria, por 'utilizar el dinero público para contratar a sus amigos y dar contratas a empresas afines'. Basagoiti consideró 'perfectamente normal' que la Fiscalía Anticorrupción haya devuelto a la del Tribunal Superior vasco el escrito presentado a mediados de abril. 'Lo traslada porque es un asunto territorial, pero los hechos probados son los mismos: una empresa pública contrata a hijos y cargos públicos y adjudica obras a empresas que tienen relaciones con los trabajadores', adujo.

La querella fue censurada por el grupo municipal de PNV-EA, que la calificó de 'nueva pirueta judicial' y consideró que el fiscal anticorrupción 'le ha dado con la puerta en las narices' a Basagoiti, al que acusó de mantener el 'ruido' en este asunto 'por interés partidista'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 4 de mayo de 2002