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La plataforma en defensa del metro público en Sevilla recoge firmas para presionar a las administraciones

La Plataforma Ciudadana por un Metro Público, integrada por sindicatos, asociaciones vecinales, de consumidores y usuarios de Sevilla, inició ayer la segunda fase de sus movilizaciones, que incluye una campaña de recogida de firmas en contra de la idea del Gobierno, la Junta y el Ayuntamiento de conceder a una empresa privada la construcción y gestión del metro.

Los portavoces de la plataforma, según expresaron ayer, dan ya casi por perdida la batalla de frenar la concesión administrativa, pero quieren dejar constancia de que si las administraciones se decantan por el metro privado 'lo harán contra la voluntad de miles de ciudadanos', subrayó el secretario general de la Unión Provincial de CC OO, Antonio Rodrigo Torrijos. 'Parece ser que la decisión está bastante tomada y que el pliego de condiciones para la concesión sale en junio', dijo Torrijos, quien, sin embargo, aún confía en que 'los ciudadanos se pronuncien y sirva para forzar y cambiar la decisión pusilánime de las administraciones'.

Durante la primera fase de la campaña en favor de un metro público, algunos representantes de la plataforma mantuvieron reuniones con la Consejería de Obras Públicas y Transportes, la Sociedad Metro de Sevilla, la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento. Según Torrijos, en las cuatro instituciones adujeron que no era conveniente abordar un debate sobre la construcción y gestión pública del metro porque 'podría retrasar la obra'. Los miembros de la plataforma reconocen que los resultados de las primeras conversaciones no han dado sus frutos por lo que ahora intentarán reunirse con el presidente de la Junta, Manuel Chaves, y el ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, 'porque ellos son los que deben tomar la decisión política definitiva'.

La plataforma no descarta emprender alguna acción administrativa si finalmente las instituciones renuncian al metro público, aunque recuerdan que no existe impedimento legal para que un servicio público se gestione mediante concesión. 'El problema', advierte Torrijos, 'es que no se trata de una situación irregular, sino de una opción política'.

Al margen de la recogida de firmas, la segunda fase de la campaña, que se prolongará hasta junio, pretende ampliar el número de entidades adheridas a la causa. Para ello, remitirán a distintas organizaciones un escrito en el que se les invita a inscribirse en la plataforma y que se acompaña del Manifiesto por la defensa de un Metro con gestión y explotación pública y directa que elaboraron al inicio de su campaña.

En este documento, la plataforma exige que la construcción y explotación del Metro sea asumida por fondos públicos y denuncia que la concesión administrativa significaría 'entregar un bien público y su gestión a un sector concreto de la sociedad con unos claros, particulares y definidos intereses económicos'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 4 de mayo de 2002