Detenidos en la Vega Baja 10 empresarios por explotar a 'sin papeles'

Una nueva operación contra la explotación ilegal de inmigrantes en la Vega Baja se saldó ayer con la detención de diez empresarios de la construcción y de 32 inmigrantes indocumentados. Los extranjeros trabajaban en condición irregular para los constructores en distintas urbanizaciones de Rojales y Torrevieja, según informó la Comandancia de Alicante. La de ayer es la segunda operación de estas características que se desarrolla en un mes en el sur de Alicante.

La operación policial se puso en marcha al filo de las nueve de la mañana y se prolongó hasta pasadas las 13.00 en dos municipios de la Vega Baja: Rojales y Torrevieja. La primera intervención se efectuó en la urbanización Ciudad Quesada, de Rojales. Allí, cuatro empresarios, todos del sector de la construcción, fueron detenidos por la Guardia Civil acusados de explotación laboral de 15 extranjeros. Los inmigrantes trabajaban en la obra en condición irregular, según fuentes de la investigación.

Una operación paralela, en este caso desarrollada en varias urbanizaciones en construcción de Torrevieja, concluyó con el arresto de otros seis empresarios y 17 trabajadores. La mayoría de los 32 inmigrantes arrestados son de origen ecuatoriano y lituano, informa M. C. Martínez. Al ver a los agentes de la Guardia Civil, algunos de los trabajadores extranjeros se dieron a la fuga ante el temor de ser detenidos.

La intervención de ayer se enmarca en un dispositivo que la Guardia Civil activa sistemáticamente en la comarca de la Vega Baja, donde se registran las bolsas de empleo sumergido -sobre todo en los sectores de la agricultura y de la construcción- más importantes de la Comunidad. Un total de 47 agentes, de distintas unidades territoriales de la provincia de Alicante, perros guía y un helicóptero participaron en esta actuación contra la explotación de extranjeros.

Los inmigrantes se encuentran detenidos en los cuarteles de la Guardia Civil de Almoradí y Torrevieja. Una vez presten declaración, el juez decidirá si tramita los expedientes de expulsión a sus países de origen.

Ésta es la segunda operación que la Guardia Civil despliega en la Vega Baja en menos de un mes. El pasado 26 de marzo, cuatro patronos agrícolas fueron detenidos por explotar a 65 sin papeles en Orihuela, en pleno corazón de la Vega Baja. En el operativo, los agentes revisaron 150 vehículos, la mayoría furgonetas que trasladaban a los braceros desde el norte de la provincia de Murcia hasta explotaciones agrícolas del sur de la provincia. Un total de 300 extranjeros fueron detenidos, aunque la cifra de jornaleros que carecían de la documentación preceptiva para trabajar en España se redujo al final a 150. Los inmigrantes afectados por aquella operación procedían en su mayoría de Suramérica, de los países del Este de Europa y del Magreb.

Mientras, la Inspección de Trabajo sancionó el pasado año con 4,74 millones de euros a empresas valencianas por emplear a inmigrantes sin papeles. El importe total de las sanciones casi se triplicó, con un incremento de un 265,5%, con respecto a 2000. Las intervenciones policiales evidencian que el endurecimiento de las multas previstas en la nueva legislación no ha servido para disuadir a los empresarios de contratar a inmigrantes sin documentación. En 2001, Trabajo no sólo casi triplicó el importe total de las sanciones en comparación con 2000, sino que el número de sin papeles descubierto se duplicó, con 907 inmigrantes.

Además, la actuación de la Inspección pone de manifiesto que la economía sumergida continúa creciendo en la Comunidad, en perjuicio de los trabajadores y del propio sistema de la Seguridad Social. Los sindicatos han denunciado en reiteradas ocasiones el incremento de la economía sumergida en la provincia de Alicante e inciden en la necesidad de intensificar las inspecciones laborales para combatir la precariedad en el empleo y atajar la explotación de extranjeros. En sólo cinco meses, la Inspección de Trabajo descubrió el pasado año 8.154 empleos sumergidos en la Comunidad.