El Gobierno elimina las restricciones para trabajar a 216.000 extranjeros regularizados

Los 216.352 inmigrantes que obtuvieron sus permisos de trabajo y residencia gracias al último proceso extraordinario de regularización por arraigo podrán trabajar donde quieran y en lo que quieran. Los permisos concedidos hasta el martes pasado sólo permitían desempeñar un empleo en la provincia en la que residía el solicitante y para el sector de actividad al que perteneciera la oferta de trabajo que se hubiera presentado. El Ministerio de Trabajo justifica esta flexibilización de las condiciones por 'el excedente de mano de obra que se ha dado en determinadas provincias y sectores de actividad'.

La resolución del Ministerio de Trabajo, fechada el pasado 23 de abril, concede 'validez de permiso de trabajo para todo el territorio nacional y todos los sectores de actividad' a todas las autorizaciones para trabajar concedidas en virtud del último proceso extraordinario de regularización por arraigo.

La circular explica que el proceso extraordinario 'ha supuesto la autorización para trabajar de un elevado número de trabajadores extranjeros' y añade que esto ha provocado 'un excedente de mano de obra en determinadas provincias y sectores de actividad, que hace más difícil en ciertos casos la incorporación real al mercado de trabajo'.

Las reglas del proceso del arraigo -que Interior ha dado por concluido cuando aún faltan 25.000 expedientes por resolver- establecían la posibilidad de autorizar a trabajar 'sin contemplar la situación nacional de empleo' a todos aquellos extranjeros que acreditaran su arraigo en España mediante una oferta de trabajo. Esa autorización para trabajar sólo era válida para la provincia de residencia del solicitante y debía limitarse 'a una actividad concreta' que era la recogida en la oferta de trabajo.

El enorme retraso con que se han tramitado las solicitudes -la fecha límite de presentación era el 31 de julio pasado y aún queda por resolver un 7% de los expedientes- ha supuesto en la práctica la pérdida de las ofertas de empleo que los extranjeros presentaron. La reducción de la autorización para trabajar a una provincia y un sector de actividad concreto dificultaba considerablemente la búsqueda de empleo y en muchos casos condenaba a los inmigrantes a seguir en las mismas condiciones laborales que tenían antes de obtener los papeles. Las distintas asociaciones de inmigrantes aseguran que muchos se han visto obligados a seguir trabajando de forma irregular para poder salir adelante.

Para que el titular de un permiso de trabajo pueda renovarlo cuando expire, la Administración le exige como prueba de su actividad laboral que haya cotizado a la seguridad social durante al menos seis meses. Hasta el pasado martes, el inmigrante que quisiera inscribirse en ese organismo debía estar empleado obligatoriamente en la provincia y actividad que estipulara su permiso.

Las asociaciones de apoyo a los inmigrantes han acogido la resolución con esperanza, pero a la vez con cierto escepticismo. 'Ahora es necesario que la delegación del Gobierno para la Extranjería comience a informar a todo el mundo de las nuevas normas', asegura un portavoz de Sos Racismo, que considera la decisión 'un avance importante'.

'El problema es que en todas las tarjetas de residencia emitidas hasta ahora se recoge la provincia y el sector en que se puede trabajar, y los empresarios no van a tener acceso a la resolución de Trabajo', agrega. Para dicha asociación, es injusto que estas instrucciones sólo sean válidas para los permisos concedidos gracias al último proceso de regularización por arraigo. 'Esto crea desigualdades con los que se han acogido al régimen general, que seguirán con las limitaciones de actividad y provincia', concluye.

También en la asociación ecuatoriana Rumiñahui, que ha informado de la resolución a todos sus asociados, se resalta lo positivo de la medida, al tiempo que se critica al Ejecutivo porque 'actúa siempre de forma improvisada en materia de extranjería, negándose a escuchar ningún tipo de sugerencia'. Según el portavoz de esta ONG, la decisión del Ministerio de Trabajo se debe 'a la proximidad de la temporada de verano' y 'a la necesidad de mano de obra en sectores como el de la hostelería'.

El último proceso extraordinario de regularización por arraigo permitía acceder a la residencia legal a todos aquellos extranjeros que vivieran en España antes del 23 de enero de 2001 y presentaran una oferta de trabajo o tuvieran familiares residentes o de nacionalidad española. Hasta el 31 de julio de 2001 se presentaron 350.158 solicitudes, 216.352 de las cuales han sido estimadas.