La Fiscalía reconoce que hay impunidad en la siniestralidad laboral

La penalización en los casos de siniestralidad laboral donde se han omitido las obligatorias medidas de seguridad resulta complicada por la falta de coordinación entre las instituciones. Así lo reconoce la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en su memoria anual, donde explica que hay 'impunidad' y que ésta tiene que resolverse con el establecimiento de una 'comunicación fluida'.

La impunidad y la dificultad para establecer la división entre las infracciones administrativas y las penales llevan a la Fiscalía a reclamar la firma de una especie de 'protocolo de actuación' que 'rompa la falta de comunicación'. Este protocolo debería someterse a revisiones periódicas para conocer el grado de cumplimiento, según indica la memoria.

En este sentido, la Fiscalía mantuvo en noviembre del año pasado una reunión con representantes de la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo para establecer actuaciones conjuntas en los temas de siniestralidad laboral. Las partes acordaron que Inspección remitiera a la Fiscalía la información sobre todas las actuaciones en las que la ausencia de medidas de seguridad origine una propuesta de sanción por infracción muy grave. En estos casos, se podrá valorar la posible existencia de responsabilidad penal.

Los sindicatos se sumaron ayer, Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, a la petición de 'medidas efectivas' contra la siniestralidad laboral. Según Comisiones Obreras, uno de los factores que incide en la persistencia de accidentes laborales es la 'dejadez de las administraciones para atajar al situación' e incluso, agrega el sindicato, 'para aplicar la normativa a los propios empleados públicos'. CC OO reclamó la puesta en marcha de los compromisos que se incluyen en el quinto acuerdo de concertación social de Andalucía.

La central sindical informó de que durante el año 2001 se produjeron en Andalucía 144.833 accidentes laborales en los que han muerto 160 trabajadores. Estas cifras suponen un incremento de la siniestralidad del 4% respecto a 2000. Pero en el caso de los accidentes mortales el aumento ha sido del 8%.

En ese mismo período (año 2001) se incoaron en el ámbito andaluz 99 diligencias previas por lesiones en accidente laboral y 2 procedimientos abreviados. La memoria de la Fiscalía explica que se promueve la incoación de diligencias en todos aquellos casos en los que haya imprudencias laborales cuyo resultado haya sido la muerte o lesiones de cierta gravedad de algún trabajador.

La Fiscalía del alto tribunal denuncia también que se han observado algunos casos en los que se dicta auto de archivo simplemente a la vista del parte médico de asistencia remitido por el hospital y sin realizar investigación alguna. Ante esta circunstancia la Fiscalía ha tomado como práctica interponer recursos de reforma que 'han sido estimados en todos los casos'.

Según los datos de siniestralidad laboral que ofreció UGT, el sector productivo donde se registró el mayor aumento de accidentes es el de Agricultura y Pesca, pues se han producido un 21% más que en el año anterior, en especial en lo que se refiere a siniestros con resultado de muerte, que se incrementaron un 300%. En contraposición, los sectores donde más descendió el número de accidentes fueron el de Servicios, Industria y Construcción.

La memoria que firma el fiscal jefe del TSJA, Jesús García Calderón, reivindica que la idea de siniestralidad laboral no se limite a 'la terrible lacra del accidente laboral', sino que debe incluir todos los aspectos de la 'defensa integral del trabajador'. Menciona especialmente el acoso moral en el trabajo. Las manifestaciones más graves de este problema son para la Fiscalía susceptibles de ser incorporadas al ámbito penal, como así lo han hecho países europeos.