El Gobierno del Estado y de las empresas

El presidente del Gobierno español decide que no se constituya una comisión parlamentaria para debatir el caso BBVA. El ministro de Economía español, después de más de un mes desde que estalló el escándalo, sigue sin comparecer en el Parlamento. La presidenta del Congreso selecciona las preguntas que pueden formular los parlamentarios.

La comparación con países de larga tradición democrática deprime. ¿Se imagina alguien al presidente Bush prohibiendo la creación de comisiones en el Congreso, argumentando que 'ya hay muchas investigaciones en marcha'? La reacción al escándalo Enron fue la creación de 16 comisiones parlamentarias para estudiar el caso. ¿Se imagina alguien al presidente norteamericano amenazando con llevar a los tribunales a los que dijeron que estaba implicado en el escándalo? En EE UU ha sido el Parlamento el que ha amenazado al presidente con llevarle a los tribunales si no enviaba al Congreso inmediatamente las actas de las reuniones del vicepresidente con los empresarios.

Amordazar al Parlamento no sólo degrada la democracia -'parlamento' viene de 'hablar'-, sino que perjudica el funcionamiento de la economía de mercado. Desde hace mucho tiempo se sabe la influencia positiva que la economía de mercado (la propiedad privada, la competencia, etcétera) tiene sobre la democracia, pero también sabemos, gracias a los institucionalistas, que existe el efecto inverso: un buen funcionamiento de las instituciones democráticas mejora el de la economía de mercado. El último informe del Banco Mundial explica bastante bien cómo 1) un Gobierno sin conexiones con las empresas, 2) un buen gobierno de las empresas y 3) unos medios de comunicación no controlados por el Gobierno, favorecen la creación y distribución equitativa de la riqueza.

El Gobierno dice que esta vez no ha intervenido en colocar al nuevo presidente al frente del segundo banco del país. Aunque fuera cierto lo que dice, un debate sobre esta cuestión podría haber llevado a un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para que, a partir de ahora, el poder político deje de utilizarse para ocupar el poder económico. El debate serviría para impedir o dificultar próximas operaciones y habría enviado el mensaje a los directivos que hoy controlan, gracias al Gobierno, las principales empresas del país, de que no deberían utilizar su poder económico para servir a unos y perjudicar a otros.

Además, si se hubiera dejado hablar, el Parlamento podría haber entrado a debatir otras cuestiones como, por ejemplo, el problema del gobierno de las empresas, que también es un elemento esencial para el buen funcionamiento de la economía de mercado. El caso BBVA proporciona suficientes motivos de preocupación para que el Parlamento regule el gobierno de las empresas pensando en los accionistas. Aunque fuera cierto que todo ha consistido en que uno bueno o listo venció en limpio combate a 23 malos o idiotas, sin la ayuda del Gobierno, se debería analizar cómo han funcionado los órganos del banco. ¿No habría que modificar una legislación que permite que ninguno de los dos presidentes, ni el malo ni el bueno, informe al consejo de administración, ni a la junta de accionistas?

Los problemas de falta de control no se arreglan sólo quitando a los malos y poniendo a los buenos. Hay que revisar los sistemas que permiten esas conductas. ¿No es preocupante que el nuevo presidente, en medio del escándalo, haya anunciado que presidirá la comisión de control del BBVA un amigo suyo? Incluso si no le conociera, ¿es razonable que la legislación permita que quien debe ser controlado elija a su controlador?

Es lamentable que el Gobierno esté contra la transparencia, impidiendo que el Parlamento debata el caso. España debería dejar de ser el país donde los ministros no comparecen, los parlamentarios no pueden interpelar, los presidentes de los consejos no informan, los vocales no preguntan y las comisiones de control no controlan. Los que gobiernan el Estado y las empresas se sentirán muy cómodos con esta situación de falta de transparencia y de falta de control, pero no así los ciudadanos e inversores. mfo@inicia.es