ELA dice que se necesitan 70.000 pisos y achaca a los municipios la carestía del suelo

En el País Vasco hay un déficit de 69.407 viviendas, según concluye un estudio presentado ayer por el sindicato ELA, que cifra en 8.605 pisos el desfase que se registra en Navarra. El precio desmesurado del suelo es uno de los factores centrales de la carestía de la vivienda y de la insuficiente oferta. ELA considera que los ayuntamientos tienen una responsabilidad muy directa en este apartado. 'Un especulador importante del suelo son las administraciones locales, que juegan con el crecimiento de los precios del suelo para poder compensar el déficit presupuestario, criticó el secretario general del sindicato, José Elorrieta, en la presentación del estudio.

El trabajo establece que la necesidad de vivienda en el año 2000 en Euskadi era 84.788 pisos, mientras que la oferta sólo alcanzaba 15.381, incluyendo la venta y el alquiler. En Navarra la diferencia es menor: una demanda de 17.374 pisos frente a una oferta de 8.769. Este déficit coexiste con un elevado número de viviendas vacías -cerca de 72.733 en el País Vasco y unas 24.936 en Navarra-, y coincide con una fuerte caída de la construcción de vivienda de protección oficial. El resultado de estos desajustes del mercado es un precio de adquisición y alquiler que excede de la capacidad de gasto de los trabajadores. El precio medio del metro cuadrado de vivienda libre nueva es de 314.000 pesetas y alcanza las 400.000 pesetas en la vivienda usada. El precio de los alquileres, 99.000 pesetas mensuales de media, supera el esfuerzo inversor que requiere la compra, lo que explica su escasa oferta.

Para contrarrestar esta situación, ELA propone ocho medidas, que trasladará próximamente al consejero de Vivienda, Javier Madrazo. Entre ellas, una actuación coordinada de las administraciones para sacar 20.000 pisos anuales al mercado, apoyo a la vivienda de protección oficial o penalización fiscal de las que están vacías para que se saquen en alquiler. Plantea asimismo un cambio de las ayudas públicas, sustituyendo las actuales deducciones fiscales, que según ELA favorecen a los más pudientes, por subvenciones directas.