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El PP rechaza crear un fondo público para los ediles vascos con cargo al Presupuesto

Los populares plantean ampliar el ámbito territorial de las policías local y autonómica

El Gobierno y el PP rechazarán en la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiterrorista la propuesta socialista de crear un fondo de ayuda económica a los concejales vascos amenazados por ETA y su entorno dependiente de Interior y con cargo a los Presupuestos del Estado. Los populares tratarán de encontrar alguna fórmula que posibilite ayudar en casos excepcionales a algunos de estos ediles. Se haría a través de instituciones ya existentes, como las que atienden a las víctimas del terrorismo. La creación de nuevos fondos la descartan porque la ven de difícil 'explicación pública'.

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No obstante, el texto enviado el lunes por el PP al PSOE señala en su punto 13 que la Comisión de Seguimiento del Pacto estudie la posibilidad de crear el fondo público. El documento va acompañado de una carta del secretario general popular, Javier Arenas, al líder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, y será estudiado en la Comisión Técnica del Pacto Antiterrorista, que prepara las reformas legales para proteger a los concejales.

El texto del PP es la respuesta al enviado por el PSOE antes de Semana Santa y se debatirá en la próxima sesión de dicha Comisión Técnica, de la que debe salir un documento consensuado.

Sin embargo, los representantes de la comisión, encabezados por el portavoz del PP en el Senado, Esteban González Pons, y el responsable municipal del PSOE, Alvaro Cuesta, estiman que el rechazo o creación del fondo es una decisión que debe tomarla el órgano político del Pacto Antiterrorista, su Comisión de Seguimiento, en la que están representados los secretarios generales del PSOE y del PP.

Otro argumento que utilizan el Gobierno y el PP para oponerse a dicho fondo es que sería discriminatorio en relación con los concejales de otros puntos de España también amenazados por el terrorismo.

Los socialistas proponían en su documento la aprobación por ley de un fondo de asistencia económica gestionado por el Ministerio del Interior para aquellos concejales que por razones de seguridad se vieran obligados a pedir la suspensión temporal de su relación laboral o para quienes sufran daños económicos como consecuencia de amenazas o atentados terroristas.

Esta medida es una de las más importantes de las propuestas presentadas por el PSOE para paliar los riesgos que sufren los concejales vascos y que ha originado una importante fuga de ellos, sobre todo en las filas socialistas.

Por lo demás, el texto enviado a su vez por el PP al PSOE contiene escasas novedades en relación con lo debatido en la Comisión Técnica del Pacto en su última sesión del 25 de marzo. En el último punto de su contrapropuesta, el PP reclama 'autorización a los cuerpos de policía local y autonómica para ejercer fuera de sus ámbitos territoriales'.

Disfunciones

Con esta medida trata de arreglar algunas disfunciones de esas policías en su función de escoltas, de modo que puedan actuar fuera de sus límites cuando sus protegidos abandonen su localidad o comunidad autónoma, pues ambas carecen, según la legislación, de competencia para actuar fuera de sus ámbitos territoriales, lo que obliga a que, en esos casos, sean sustituidos por policías nacionales. La medida afecta a la mitad de los polícias que protegen a los 465 concejales populares y socialistas vascos.

El texto del Partido Popular matiza también que la redacción de las reformas legales para cortar la financiación pública a Batasuna debe tener en cuenta lo que señale el texto definitivo de la Ley de Partidos, ahora en los inicios de su tramitación parlamentaria.

La contrapropuesta del PP recoge, por lo demás, medidas ya acordadas, como la posibilidad de que los interventores municipales puedan proceder de comunidades autónomas diferentes a la vasca. O la personación de los ayuntamientos en los procesos penales como acusación particular en delitos cometidos contra concejales.

La Comisión Técnica del PP y del PSOE se reunirá previsiblemente el próximo día 30 para cerrar el acuerdo sobre las medidas legales, tras aplazar esta cita en dos ocasiones; la primera porque el PP no había culminado su contrapropuesta y la segunda, ayer, porque el PP no entregó al PSOE su texto con suficiente antelación para su estido.

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