Trabajo exigirá la devolución del subsidio del PER a 46 jornaleros absueltos por fraude

Los recursos de otros 1.000 beneficiarios obligados a reingresar la ayuda serán desestimados

La sentencia de la Audiencia de Málaga, que condenó a un matrimonio por acreditar peonadas falsas pero absolvió a las 46 personas que cobraron el subsidio del PER gracias a ese fraude, traerá cola. La Inspección de Trabajo exigirá ahora la devolución de las ayudas, como en su día lo hizo con más de 1.000 perceptores del municipio malagueño de Moclinejo que también cobraron indebidamente la prestación. En este último caso, la Dirección General de Trabajo ha comenzado ya a desestimar los recursos de alzada presentados por los afectados y a ratificar las resoluciones de devolución de las ayudas.

El fallo de la Audiencia por el fraude al PER en Antequera se conoció el miércoles pasado. Según su contenido, la cuantía total defraudada ascendió a 975.000 euros como consecuencia de las 27.808 peonadas falsas certificadas por el matrimonio condenado. La sentencia -aunque considera 'discutibles' las razones por las que se ha 'descriminalizado' la obtención de estas subvenciones por medios fraudulentos mientras no superen los 60.000 euros- absolvió a los 46 perceptores. Pero hizo una puntualización: 'Nos encontramos ante unos hechos no punibles desde el punto de vista del derecho penal y sólo sancionables en vía administrativa'.

A partir de esta coletilla, la Inspección de Trabajo reanudará ahora el expediente administrativo que quedó paralizado tras el comienzo de la instrucción penal y exigirá la devolución de las ayudas cobradas con peonadas falsas. 'Aún no se nos ha comunicado la sentencia, pero siempre que el tribunal impute una responsabilidad administrativa no cabe otra actuación', explicó la jefa de la inspección, Mercedes Muñoz. Las 46 personas en cuestión -casi todas mujeres de más de 40 años y más de la mitad insolventes, según la sentencia- percibieron cantidades muy dispares. Desde 186 hasta 321 euros mensuales. Además, unas sólo cobraron tres meses mientras otras recibieron el subsidio durante nueve meses en tres años sucesivos. 'Cada uno deberá devolver la cantidad que percibió indebidamente', insiste Muñoz. Durante el juicio, celebrado hace dos semanas, muchas de estas mujeres se defendían argumentando ante la prensa que si echaron mano de peonadas falsas para cobrar el PER fue porque no tenían 'ni 20 duros para comprar una barra de pan'. Una vez que la Inspección les reclame la devolución del dinero, las afectadas podrán presentar alegaciones ante esa instancia y, después, recursos de alzada ante la Dirección General de Trabajo.

Pero las posibilidades de que prosperen no son muchas. En un caso similar de fraude al PER en Moclinejo la dirección general ha comenzado a desestimar ya los recursos de más de mil afectados y está ratificando todas las resoluciones en las que la Inspección les instaba a devolver el dinero. 'Hasta ahora no ha habido ningún caso en el que la dirección general haya dado marcha atrás', abundó Muñoz.

En el caso de Moclinejo -en el que sólo fue condenado el alcalde y quienes cobraron indebidamente el subsidio fueron absueltos-, los afectados recurrieron, todavía sin éxito, con diversos argumentos, desde prescripción, irregularidades en las notificaciones y defectos de forma.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 20 de abril de 2002.

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