Ahora, el debate

El Gobierno ha incorporado algunas de las sugerencias de los organismos consultivos al proyecto de nueva Ley de Partidos, que ayer aprobó el Consejo de Ministros. El de Justicia, Ángel Acebes, abogó por buscar en la tramitación parlamentaria el más amplio consenso, siempre que ello no suponga desnaturalizar el objetivo de la ley: ilegalizar a Batasuna.

De sus palabras se deduce que el Gobierno se está apeando de la idea de que cualquier objeción al articulado del anteproyecto supone traicionar su objetivo. Como dijo el socialista Caldera, Aznar debería aclarar si considera que el Consejo de Estado también 'se arruga' por sugerir cambios en la redacción. El Gobierno parece estar reconsiderando su desafío de que estaba dispuesto a sacar la ley adelante en solitario. ¿Significaba eso que, por ejemplo, el PP tendrá que defender en solitario en Euskadi la ilegalización de Batasuna si así lo decidieran los jueces? ¿Estarían de acuerdo con eso los populares vascos? La ilegalización de un partido requiere que la norma que la haga posible cuente con un respaldo muy amplio. Social y político.

El objetivo es la ilegalización de Batasuna, y sería hipócrita disimularlo, según Acebes; sin embargo, es también una Ley de Partidos que sustituye (o reforma) una norma aprobada en su día por todos los grupos y que se integra en lo que puede considerarse reglas de juego democrático. También en ese aspecto, una ley que contase sólo con el apoyo de un partido, aunque tenga mayoría absoluta, nacería con insuficiente legitimación política. La iniciativa del Gobierno habría resultado fallida.

La eventual tentación de la oposición de jugar a esa hipótesis -hacer fracasar al Gobierno en una iniciativa que considera esencial- se ve contrarrestada por el amplio respaldo popular con que, según las encuestas, cuenta la iniciativa de acabar con la posibilidad de que un partido que forma parte del entramado terrorista pueda disfrutar de las ventajas de la legalidad.

Las modificaciones admitidas por el Gobierno eliminan algunos de los motivos de recelo aparecidos en las últimas semanas, pero de las palabras de Acebes se desprende que ha decidido obviar la recomendación del Consejo de Estado de suprimir los aspectos retroactivos de la ley, algo ya señalado por la minoría del Poder Judicial y que puede plantear problemas futuros a la aplicación de la ley.

En cambio, el proyecto gubernamental perfila mejor los motivos concretos de ilegalización, eliminando algunas expresiones confusas y en exceso generales. Lo que se penaliza no son ideologías o fines políticos, sino la vulneración sistemática de derechos fundamentales o la colaboración con el terrorismo. El proyecto deberá ser afinado todavía más, en el trámite parlamentario, evitando falsos debates y buscando el consenso en las cuestiones de procedimiento (quién puede instar la ilegalización, qué tribunal decide, etcétera) planteadas estos días.