Destrucción de nuestra escuela

El pasado martes, los niños del colegio público de Hondón de las Nieves -un pequeño pueblo del interior de la provincia de Alicante- dieron sus clases en la calle. Con la ayuda de sus padres, sacaron los pupitres, sillas y utensilios escolares a la calzada y allí recibieron, a pleno sol, la lección de sus maestros. Era una manera, festiva y simbólica, de protestar por el estado ruinoso en que se encuentra el edificio del colegio en el que estos niños reciben diariamente sus clases. Desde hace años, los padres vienen reclamando a la Consejería de Educación que ponga remedio al deterioro y se construya un nuevo centro. En todo este tiempo, sin embargo, sus peticiones no han merecido respuesta de la consejería.

Este problema de Hondón de las Nieves, lo hemos visto repetido en Muchamiel, en L'Alfàs del Pi, en Santapola, en Torrevieja, en San Vicente... No atraviesa un buen momento la enseñanza pública en nuestra Comunidad. Son numerosas las poblaciones donde los colegios públicos no reúnen las condiciones adecuadas. Faltan gimnasios, bibliotecas, comedores. Falta mantenimiento, cuidado, limpieza. En otros casos, más graves, se carece de edificios o el número de aulas del que estos edificios disponen para atender a los alumnos resulta insuficiente. El Gobierno enfrenta el problema instalando barracones. Pero lo que debía ser una situación excepcional, transitoria, acaba por convertirse en usual. Y los ciudadanos acabamos acostumbrándonos a esta degradación, aceptándola como irremediable y convirtiéndonos en cómplices del Gobierno. Recientemente, los periódicos informaban del número de estos barracones que existen en la Comunidad: parece ser que nos acercamos a los dos mil. La cifra denuncia, por ella misma, la imprevisión y la inoperancia de nuestros gobernantes.

Se discute mucho, últimamente, sobre los resultados de nuestra enseñanza, que se juzgan insuficientes. Muchas personas consideran que debería variarse el sistema educativo, reformar los planes de estudio, hacerlos más exigentes para el alumno. Es una discusión complicada y, sin duda, necesaria. Pero, en todo caso, ¿no será preciso disponer primero de unos lugares adecuados para impartir la enseñanza? ¿Cómo les vamos a exigir dedicación y entrega a nuestros maestros cuando el Gobierno, su propio Gobierno, es incapaz de ofrecerles un espacio adecuado para su trabajo? ¿Qué sentido tiene prometer campañas para promocionar la lectura cuando nuestros centros escolares carecen de bibliotecas o estas se encuentran cerradas, faltas de personal? Hay, en estas conductas de nuestros gobernantes, un evidente cinismo.

No se puede negar al Gobierno del Partido Popular el derecho a promover una educación acorde con sus ideas. Quizá no nos guste una política de subvenciones, como la que se está ejecutando, pero deberemos aceptarla. Lo que resulta inadmisible, sin embargo, es que esta promoción de lo privado pase por destruir la escuela pública, como sucede en nuestra Comunidad. Eso es un disparate que pagaremos todos los valencianos. Incluso quienes hoy aplauden las medidas.