Los pueblos andaluces tienen asignados tan sólo 71 fiscales de los 303 que trabajan en la comunidad

La comunidad andaluza cuenta actualmente con 303 fiscales en total, de los que 177 tienen la categoría de magistrados, y 126 la categoría de abogados fiscales. La mayor parte de ellos se concentra en las capitales. Tan sólo 71 fiscales están trabajando en pueblos. 'Yo creo que, para estar bien dotados de personal, sobre todo a la hora de aplicar la Ley de Enjuciamiento Civil, harían falta otros diez o doce fiscales más en la comunidad', alega García Calderón. 'Uno o dos más por provincia'. Pero no todos son tan optimistas. Así, el fiscal jefe de Sevilla, reclama 17 tan sólo para esa provincia.

Respecto a casos como el de Barbate, en que supuestamente la incomparecencia de un fiscal supuso la libertad de un hombre que había sido sorprendido con 400 kilos de hachís, el fiscal jefe del TSJA puntualiza: 'No se trata de una información veraz. No fue como se ha contado en los medios de comunicación. De cualquier modo, la prisión provisional sólo se acuerda para casos muy graves. También hay una investigación en curso, no obstante'. García Calderón recuerda que, desde que es fiscal del TSJA, hace sólo unos meses, no ha recibido hasta el momento ni una sola queja o denuncia por la actuación o negligencia de algún fiscal.

Sin embargo, no todos los fiscales ven la situación de la misma manera. Uno de ellos es el fiscal jefe de Sevilla, que ha aprovechado sus últimas apariciones públicas para reclamar cerca de una veintena de fiscales más tan sólo para su provincia. Flores insiste en la necesidad de que haya más fiscales destinados en los pueblos. El fiscal jefe de Sevilla pide, por lo tanto, que la Consejería de Justicia disponga también de los medios materiales para que estos puedan realizar su trabajo en buenas condiciones.

Con más distancia que García Calderón, Flores también ha sostenido en diversas ocasiones que la falta de fiscales puede dar lugar a que situaciones como la de Barbate u otras similares puedan suceder más a menudo. Un ejemplo de la importancia de contar con un número adecuado de fiscales -no sólo para cubrir el trabajo cotidiano, sino para guardias, etcétera-, es para Flores, la Ley de Responsabilidad Penal del Menor que ordena la comparecencia inmediata del fiscal ante cualquier detención.

Policías y ordenadores

La necesidad de que haya unidades de policía judicial adscritas a las fiscalías, una mejor dotación informática con la que puedan actualizar las estadísticas, o una reforma estatutaria que dé a los fiscales la posibilidad de instruir los casos, como sucede en otros países de Europa, son algunas de las reclamaciones que sugieren los fiscales para mejorar la calidad de su trabajo. 'Hay básicamente dos tipos de necesidades', explica el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, 'las materiales y las legislativas. Y respecto a las necesidades materiales, la dotación informática, que ahora comienza a adecuarse en Andalucía, es esencial'.

Una de las principales reivindicaciones de Calderón -para la que no ve vías de solución inmediata- es la incorporación de unidades de la policía judicial a las fiscalías. 'La Fiscalía del TSJA ya tiene una', comenta, 'y pronto se va a incorporar el grupo de Menores del Cuerpo Nacional de Policía a la policía a la policía de menores, pero hacen falta más unidades'.

El fiscal jefe del TSJA considera como un 'gran asunto pendiente' la reforma legal que haga posible que la instrucción de los casos pase al ministerio fiscal. 'Es necesaria una reforma del estatuto', comenta al respecto. ¿Sería parecido al sistema estadounidense? El fiscal lo niega. 'No. Hay muchos ejemplos en Europa sobre esa manera de procedimiento'. Este punto está sobre la mesa de la comisión que estudia la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el Parlamento estatal.

La necesidad de una mejor y más directa vía de información hacia los medios de comunicación -'actualmente, el merca que regula la difusión de hechos judiciales es del siglo XIX', explica-, el fortalecimiento del Consejo Fiscal y que la Fiscalía General del Estado tenga un presupuesto propio son otros de los asuntos que a los fiscales andaluces les gustaría abordar. Del mismo modo, García Calderón plantea la posibilidad de que la Fiscalía no tenga una naturaleza propia al margen de la judicatura o del Poder Ejecutivo para poder actuar con mayor independencia. Este punto es bastante más complejo, ya que, según algunos expertos, sería necesario reformar la Constitución.