El presidente del Poder Judicial niega sectarismo en su continuo apoyo a los vocales del PP

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco Hernando, aseguró ayer en el Congreso de los Diputados que la ruptura del órgano de gobierno de los jueces en dos mitades, equivalentes a las de los dos principales grupos parlamentarios, y su decisión personal de dirimir las discrepancias votando con la sensibilidad de la opción conservadora no obedece a 'una actitud sectaria o de compromiso con determinadas ideologías o fuerzas' sino a que cuando no se puede 'convencer' a la minoría 'hay que poner los votos sobre la mesa'.

Toda la oposición, y muy especialmente el PSOE, le recordó que el nombramiento de este Poder Judicial fue fruto del consenso y que su nombramiento fue respaldado por 'el 98% de la Cámara'. Por ello, el diputado socialista Javier Barrero le reclamó que 'ejerza como presidente del Poder Judicial en su función de árbitro y moderador, que lidere desde la responsabilidad y no desde el sectarismo'.

En las cinco horas y media que duró la comparecencia del presidente del Poder Judicial, a la que asistieron como oyentes buena parte de los vocales del CGPJ, flotó la última votación sobre la ley de partidos políticos, en la que la mayoría del Consejo, con su presidente a la cabeza, se ha impuesto a la minoría y ha dejado clara la división en dos mitades del órgano de gobierno de los jueces. Sin embargo, este asunto sólo fue mencionado, y de forma poco explícita, por la diputada Margarita Uría, del PNV. Hernando evitó responder a esta pregunta.

Cuatro ejemplos

Barrero enumeró otros cuatro ejemplos anteriores que, en el medio año de vigencia de este CGPJ, han demostrado ese 'sectarismo': los nombramientos, como la elección de Manuel Almenar, de la APM, frente a Luciano Varelo para la Audiencia Provincial de Pontevedra; los ceses en los letrados del Poder Judicial, que Hernando justificó porque llevaban 'muchos años' y el CGPJ no es 'un destino de la judicatura'; el veto a la terna propuesta por el Parlamento de Extremadura, que el presidente justificó porque 'dos de las tres personas propuestas eran políticas', habrían 'sido inhábiles' y, de haberse elegido a alguna, ésta 'habría percibido el sueldo íntegro durante tres años en situación de excedencia especial'; y el veto a Clemento Auger para la Sala Penal del Supremo.

Aquí la argumentación de Hernando hizo que los vocales del CGPJ que le escuchaban intercambiaran miradas y gestos de inusitada sorpresa. Hernando aseguró que Auger no es un penalista, pues sólo 'ejerció jurisdicción con plenitud cuando era juez de lo civil'. En opinión de Hernando, 'el juez de instrucción no ejerce jurisdicción, prepara el proceso, conforma los actos penales para que otros, la sala de lo penal o el juez de lo penal, conforme su decisión'. Según esta argumentación, el juez Garzón, por ejemplo, no sería un penalista al no ejercer 'con plenitud' como juez de lo penal.