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El instructor del caso de la excarcelación del 'narco' propone suspender siete meses a los jueces

Si el Poder Judicial acepta la propuesta, los magistrados perderán su destino en la Audiencia

Los magistrados de la Sección Cuarta Penal de la Audiencia Nacional, que excarcelaron al presunto narcotraficante Carlos Ruiz Santamaría, El Negro, 'no prestaron ni en poco' la atención y cuidado que requería una resolución de 'enorme trascendencia', según dice el presidente de la Sala Civil del Tribunal Supremo, Ignacio Sierra, en su propuesta de resolución del expediente disciplinario, en el que aprecia una falta muy grave de desatención al dictar la resolución judicial. El instructor propone siete meses de suspensión, lo que implica la pérdida del destino en la Audiencia.

El presidente de la Sala Civil del Supremo, Ignacio Sierra, mantiene la apreciación de una falta muy grave de desatención al dictar una resolución judicial, tipificada en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tal como anticipó en el pliego de cargos contra los tres magistrados formulado a finales del pasado febrero. En dicho pliego de cargos, el instructor del expediente disciplinario ya señalaba que la sanción a imponer sería 'de suspensión hasta un parámetro máximo de tres años'.

Ayer, Sierra concretó su propuesta de sanción en siete meses de suspensión de funciones: poco más del mínimo de seis meses que conlleva la pérdida de destino en la Audiencia Nacional. De aceptarse esta propuesta por el Consejo General del Poder Judicial, los magistrados que excarcelaron a El Negro no podrían volver a ejercer en la jurisdicción especializada no sólo en narcotráfico, sino también en terrorismo.

De paso, Carlos Cezón y Juan José López Ortega, los dos magistrados que han destacado por revocar casi sistemáticamente las resoluciones más significativas del juez Baltasar Garzón contra el entorno de ETA, perderían definitivamente su destino en la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional.

Esta sanción constituiría el menor de los males en la situación actual de los magistrados, cuando tanto Cezón y López Ortega como su compañero Carlos Ollero se encuentran a expensas de lo que decida el instructor del Tribunal Supremo sobre el procesamiento exigido por el fiscal José María Luzón por delito de prevaricación dolosa o culposa.

En su escrito, el instructor del expediente explica que 'no cabe otra decisión' que la de proponer la sanción de suspensión, cuya extensión debe prolongarse durante siete meses, 'dadas las razones de intensidad en la desatención y la importancia de la resolución judicial dictada'.

El magistrado Ignacio Sierra recuerda que el auto por el que se ordenó la excarcelación de El Negro, dada la gravedad de los hechos que se le imputaban, 'era una resolución de enorme trascendencia, no sólo en su inmanencia, sino también en su reflejo de la estimación social'.

'Por ello', añade, 'tal decisión judicial exigía a priori, un especial cuidado en su estudio, y especial atención a los autos en los que había de realizar sus efectos'.

'En este aspecto hay que reconocer sin lugar a duda que los componentes de la Sala en cuestión no prestaron ni en poco tal atención ni cuidado', concluye Sierra.

El instructor reitera que su decisión se basa 'única y exclusivamente' en lo actuado en el expediente disciplinario, 'sin perjuicio de lo que se infiera de las actuaciones penales actualmente en tramitación ante la Sala Penal del Supremo'.

Según el magistrado, desde lo actuado en el expediente disciplinario 'no hay indicios de ilícito penal en la conducta de los expedientados'. Sierra explica que la ley penal excluye la ley disciplinaria, y aclara que la aparición de indicios de acciones punibles harían 'inane' la existencia del expediente.

Después, Sierra expone que 'una lectura cuidadosa del pliego de cargos no supone la inexistencia -en general- de una posible responsabilidad penal en la conducta de los expedientados, pero sí se dice y se subraya que de lo actuado en este expediente y de la prueba practicada no se induce responsabilidad penal alguna para dichos expedientados, por lo menos desde el punto de vista de la tipicidad'.

Presentarán alegaciones

El instructor concede a los magistrados Cezón, López Ortega y Ollero ocho días a fin de que puedan hacer alegaciones. Cezón y López Ortega, según dijeron sus abogados a Efe, presentarán alegaciones.

Javier Yagüe, abogado de López Ortega, mostró su desacuerdo con la propuesta: ' Nos tenemos que defender y lo haremos', dijo, y agregó que su cliente no se siente culpable por la resolución de haber puesto en libertad a El Negro, a la vista del informe psiquiátrico que indicaba la posibilidad del suicidio.

Por su parte, Francisco Hernando, abogado de Cezón, señaló que presentarán las alegaciones oportunas, aunque desconoce en qué sentido lo harán, porque aún no había recibido la notificación del instructor del Consejo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 16 de abril de 2002