Campos de golf minados

EL JUEZ GARZÓN ASUMIÓ el pasado martes- a requerimiento de la fiscalía anticorrupción-su competencia sobre nuevas hebras de la madeja de operaciones devanadas por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) en los paraísos fiscales de Jersey y Lietchestein. El magistrado instructor ha requerido al gobernador del Banco de España para que suspenda el procedimiento sancionador del BBVA puesto en marcha el 15 de marzo y fundamentado sobre las conclusiones de sus servicios de inspección tras un año largo de laboriosa investigación. De prosperar el dictamen del ministerio fiscal, las irregularidades contables y disposiciones patrimoniales injustificadas descubiertas por los inspectores de la autoridad monetaria no serían infracciones administrativas sancionables por vía disciplinaria, sino delitos societarios de administración desleal y de apropiación indebida perseguibles por vía penal .

El Gobierno rechaza una comisión de investigación sobre las implicaciones políticas del escándalo del BBVA y amenaza con perseguir ante los tribunales a quienes discrepen de su versión de los hechos

Para el público interesado por la crónica social de los ricos y famosos, el asunto estrella de la última hornada del escándalo serán seguramente los 19 millones de dólares cargados en mayo de 2000 a la cuenta opaca de un paraíso fiscal para financiar unos generosos fondos de pensiones en beneficio individual de 22 consejeros, ex consejeros y directivos del BBV, presumible indemnización por el recorte producido en sus ingresos tras la fusión de la vieja entidad bancaria con Argentaria, en 1999. El frustrado intento de presentar esos fondos de pensiones como una fiducia del BBVA puesta a nombre de 22 supuestos testaferros, la desigual distribución de los 19 millones de dólares entre el conjunto de los beneficiados (la escala va de 1 a 30) y la devolución pocos meses después de los importes recibidos son la superficie visible de ese deslucido episodio. Cabe sospechar, sin embargo, que esa sucesión de despropósitos forma parte del drama shakesperiano de poder, furia y dinero que se está representando en la sala de consejos del BBVA desde la fusión de ambas entidades bajo el interesado patrocinio del Gobierno. ¿Resulta verosímil que uno de los dos copresidentes del BBVA se concediera a sí mismo (y a otras 21 personas) un multimillonario fondo de pensiones con cargo a la cuenta de un paraíso fiscal sin informar previamente de esa arriesgada decisión a su compañero de honores y fatigas y sin tener su asentimiento formal o de hecho? ¿No parece más probable que el incauto jugador fuese víctima de un pase negro en la timba?

Aunque el artículo 76 de la Constitución faculta al Parlamento para nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público, el PP ha vetado la propuesta argumentando -Martínez Pujalte dixit- que el BBVA es una entidad privada. Sin embargo, el escándalo ha salpicado ya irreparablemente al Gobierno, al Banco de España, a la Agencia Tributaria y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La ensoñación autoritaria de impedir el libre debate democrático en las sociedades abiertas empujó al presidente Aznar a llamar calumniadores y amenazar con los tribunales a los ciudadanos que osen poner en duda la inverosímil versión unilateral del Gobierno sobre su virginal comportamiento de doncella en el escándalo.

No resulta fácil de creer, sin embargo, que la extraña fusión en pie de igualdad del BBV y Argentaria en 1999 y la artificial modificación posterior de los equilibrios internos dentro del recién nacido BBVA fuesen ajenos a la habilidosa e intimidatoria administración por el poder de las informaciones disponibles sobre las cuentas opacas en paraísos fiscales de la vieja entidad bancaria vasca. Es poco verosímil que el Gobierno no se enterase hasta octubre de 2001 -según pretende el vicepresidente Rato- de que el Banco de España estaba inspeccionando desde enero al BBV, sin ser informado ni siquiera entonces de las líneas generales de la investigación. Y se necesitaría la fe del carbonero para dar por buena la fábula de que el Ejecutivo conoció el contenido del expediente sólo cuando concluyó.