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El juez embarga los bienes de Gil para responder del 'caso Atlético'

La medida excluye su sueldo de alcalde y las taquillas del club

El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo decretó ayer el embargo de los bienes del presidente del Atlético de Madrid y alcalde de Marbella, Jesús Gil, entre los que se cuentan las acciones del Atlético de Madrid, una veintena de propiedades inmobiliarias y los saldos de sus cuentas corrientes, para hacer frente a las eventuales responsabilidades que puedan derivarse del caso Atlético, cuyo juicio empieza el día 25.

El juez del Olmo extiende también el embargo a los bienes del hijo de Gil y director general del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, y a los de Enrique Cerezo, vicepresidente del club.

El juicio del caso Atlético comenzará a celebrarse en la Audiencia Nacional los próximos días 25 y 26, para determinar si se cometieron delitos de apropiación indebida, falsedad contable y otorgamiento de contratos simulados en la transformación del club en sociedad anónima deportiva. Jesús Gil se enfrenta a una petición del fiscal de 17 años y medio de prisión; Miguel Angel Gil Marín, de 10 años y medio, y Enrique Cerezo, de 6 años.

Para el caso de que fueran condenados, los acusados deben garantizar las eventuales responsabilidades civiles que se deriven, por un importe total de 39,7 millones de euros (6.617 millones de pesetas) en el caso de Jesús Gil; 27,3 millones de euros (4.545 millones de pesetas) en el caso de su hijo Miguel Ángel y 11,7 millones de euros (1.959 millones de pesetas) por parte de Enrique Cerezo, además de la responsabilidad de otras personas físicas y jurídicas.

El juez Del Olmo ha estimado la práctica totalidad de las peticiones de embargo del fiscal, señalando que 'no es accidental ni excepcional que Jesús Gil disponga como propios de los bienes registrados, porque son efectivamente suyos'. 'Durante años', prosigue, 'este acusado ha construido un complejo entramado societario que en buena parte tiene como único objeto, a pesar de contar con un patrimonio muy estimable, situarle en una situación de práctica insolvencia'.

Para el juez 'no es necesario acudir a otras fuentes de prueba' que las propias manifestaciones de Gil, para sostener que los inmuebles registrados a nombre de diferentes personas jurídicas 'le pertenecen íntegramente'. Según del Olmo, ese es el caso, entre otras, de Promotora Inmobiliaria Guadiana, Promotora Inmobiliaria Generalife, Promotora Inmobiliaria Alhambra y Rancho Valdeolivas, sobre las que decreta el embargo de diversas fincas rústicas y urbanas.

El juez ordena un nuevo embargo de las acciones del Atlético, que ya estaban trabadas, 'a efectos de afianzamiento' de la responsabilidad civil, ya que el embargo anterior de las acciones se practicó en tanto que 'instrumentos o efectos del delito'. El juez también traba diversas viviendas de Gil, entre ellas la de la urbanización La Moraleja, en Madrid, y Los Cipreses, en Marbella.

El instructor rechaza la petición del fiscal de embargar la retribución que le corresponde a Jesús Gil como alcalde de Marbella y en su caso, en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, hasta la fecha en que se produzca su cese, en cumplimiento de la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que le inhabilita para cargo público. Tampoco ha estimado el embargo de la recaudación de las taquillas del Atlético.

El presidente del Atlético se quejó ayer de la 'persecución' judicial y de 'indefensión' y dijo que el juez Del Olmo 'ignora intencionadamente' que las acciones de la entidad rojiblanca fueron tasadas en 20.000 millones de pesetas (120,2 millones de euros) por los auditores nombrados por el antiguo administrador judicial del club, Luis Manuel Rubí. 'Hay que tomarlo a broma, sabemos que se busca el descrédito, la ruina y la cárcel nuevamente para Gil', añadió.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 13 de abril de 2002