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El fiscal pide 17 años de cárcel para Jesús Gil y que se subasten sus acciones del Atlético

Castresana reclama también diez años de prisión para Miguel Ángel Gil Marín y seis para Enrique Cerezo

El fiscal adscrito a la Fiscalía Anticorrupción Carlos Castresana presentó ayer en la Audiencia Nacional su escrito de acusación en el caso Atlético, en el que pide un total de 17 años y seis meses de prisión para el presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, por dos supuestos delitos de apropiación indebida, uno de falsedad contable y otro de otorgamiento de contratos simulados.

El escrito de acusación se refiere a las presuntas irregularidades que investiga la Audiencia desde que Gil llegó a la presidencia del Atlético, en julio de 1987, y se realizó la transformación del club en sociedad anónima deportiva.

El fiscal reclama también que las 236.729 acciones del club registradas a nombre de Jesús Gil, del vicepresidente Enrique Cerezo y de Promotora Inmobiliaria Alhambra sean vendidas en pública subasta y adjudicadas al mejor postor. El precio obtenido debería ser incorporado al haber social del propio club como indemnización para cubrir los casi 2.000 millones de pesetas de capital social que, según el fiscal, no fueron desembolsados por Gil al hacerse con el Atlético. Castresana añade que el remanente del precio obtenido en la subasta, si lo hubiera, debería ser 'decomisado'.

El fiscal reclama también diez años y seis meses de prisión para Miguel Ángel Gil Marín, el director general del Atlético, y exige que padre e hijo indemnicen conjuntamente al club por un importe global de más de 5.120 millones de pesetas. Para el vicepresidente Cerezo exige seis años por apropiación indebida y falsedad contable.

En su escrito de acusación, el fiscal afirma que Gil, con la colaboración de Cerezo, se propuso hacer suyo, sin pagar nada, el patrimonio del Atlético, que pertenecía a los socios.

Entre 1987 y 1991 Gil anticipó algunas cantidades para la adquisición de derechos federativos de jugadores 'que le permitían presentarse públicamente ante la masa social como financiador altruista'. Así, diversas escrituras públicas fueron reconociendo deudas a favor de Gil, que llegaron hasta los 1.986 millones de pesetas. Una asamblea general celebrada en 1991 reconoció tal deuda, que, según el fiscal, 'no estaba contabilizada', y se acordó como fórmula de pago el canje por acciones.

En julio de 1992, durante la transformación del club en sociedad anónima deportiva, Gil y Cerezo se hicieron con el 94,5% del capital social, valorado en 1.950 millones de pesetas, 'sin pagar cantidad alguna por las acciones', según afirma el fiscal.

Castresana también acusa a ambos de saldar una deuda de 2.700 millones con un 'activo ficticio' como fue la compra de los 'supuestos jugadores' de fútbol Lawall, Maxi, Djuana y Lima.

Ente los testigos que llamará figuran el ex administrador judicial del club, Luis Miguel Rubí, y su ex entrenador Radomir Antic.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 6 de junio de 2001