El juez también envía a prisión incomunicada a seis colaboradores de Gil

El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo envió ayer a la prisión de Soto del Real (Madrid) a cinco de los imputados en la supuesta malversación de 30 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella, cuyo alcalde, Jesús Gil, y el contable Manuel Castel, habían ingresado en la misma situación en la madrileña cárcel de Alcalá-Meco. La gravedad de la medida, acordada hasta las cinco de la tarde de mañana por el juez Del Olmo, causó perplejidad en medios judiciales de la propia Audiencia, y fue recurrida por los abogados por considerarla 'desproporcionada' a los hechos.

El juez Juan del Olmo envió ayer a la prisión de Soto del Real a cinco de los seis colaboradores de Gil, en tanto éste y el contable Manuel Castel quedaron ingresados en la de Alcalá-Meco por su proximidad a un centro hospitalario en el que poder tratar eventualmente a Gil de la hipertensión que padece. A instancias de la fiscal adscrita a Anticorrupción Belén Suárez, el juez fue acordando el ingreso en prisión incondicional e incomunicada de Manuel Castel, supuesto contable del entramado financiero urdido para desviar fondos del Ayuntamiento; Juan Antonio Roca, gerente de Urbanismo del consistorio marbellí; Javier Herrera, empleado del Ayuntamiento; José Luis Jiménez, gerente de la sociedad municipal Contratas 2000; Eduardo González, ex empleado de la misma sociedad y José Luis Sierra, ex asesor jurídico de Jesús Gil. El juez decretó la incomunicación por 72 horas, situación que revisará mañana a las cinco de la tarde, plazo que se ha dado para concluir las diligencias de investigación.

La jornada de interrogatorios se inició en la mañana del martes y se dilató hasta el mediodía del miércoles. Según fuentes de las defensas, el juez admitió en la misma jornada del martes la querella interpuesta por Anticorrupción hace más de un año, el 8 de febrero de 2001, y cuya competencia se han estado pasando los juzgados de la Audiencia Nacional y Marbella hasta que el Tribunal Supremo la resolvió a favor de la Audiencia.

Ampliación de la querella

También en la misma mañana del martes, Del Olmo aceptó una ampliación de la querella formalizada por Anticorrupción y cuyos motivos se desconocen al permanecer la causa bajo secreto reforzado.

En todos los casos, el juez fue decretando la prisión incomunicada de cada uno de los imputados, tras tomarles declaración durante varias horas. Sólo Purificación Notario, la esposa del gerente de Contratas 2000, José Luis Jiménez, se libró de ir a prisión.

El juez recibió en la mañana de ayer un ordenador incautado al antiguo asesor de Gil, José Luis Sierra, y documentación del registro al domicilio del gerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca.

La situación de incomunicación implica el encarcelamiento en una celda individual previo control médico, y que los presos sean atendidos 'exclusivamente' por los funcionarios penitenciarios.

El abogado de Jesús Gil, Horacio Oliva, precisó ayer que el juez no justifica la prisión incomunicada en el riesgo de fuga ni en el peligro de destrucción de pruebas, sino para evitar que los imputados se comuniquen entre sí. El abogado explicó que ayer mismo pensaba recurrir la medida apelando al principio de proporcionalidad de las medidas cautelares, y aportaría doctrina del Tribunal Constitucional. La incomunicación se aplica habitualmente a terroristas con delitos de sangre mientras estásn detenidos y sólo hasta que declaran ante el juez, y en algunos casos a narcotraficantes a gran escala. El abogado se quejó de que el juez podían haber decretado el arresto domiciliario de los imputados o la detención, pero no la prisión incomunicada.

Cuentas particulares

Según fuentes de la investigación, Gil declaró durante cuatro horas, de las que al menos la mitad las invirtió en enlazar cada respuesta con cada uno de sus monólogos característicos. Las preguntas concretas se centraron en el supuesto desvío de 779 millones a las cuentas particulares de los más de 5.000 presuntamente malversados.

Poco antes de ser conducido a la Audiencia y en una carta dirigida al presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, Gil se queja del embargo de todos sus bienes, y de la comparecencia y concluye que 'se trata de justificar la campaña que se prepara estos días', en alusión a su próximo juicio por el caso Atlético, que comienza el día 25.

La querella por el caso Marbella expone que Gil desvió fondos a sus propias cuentas y a través de sociedades 'fantasma' que emitían facturas falsas por supuestos servicios al Ayuntamiento de Marbella.