El papel de las ONG en la creación de la Corte Penal Internacional

Cuando en 1995 se iniciaron las negociaciones para elaborar un estatuto que estableciera la Corte Penal Internacional, sólo los utópicos podían imaginar que dicho tratado pudiera ser adoptado, y mucho menos podían creer que pudiera entrar en vigor en 2002. Sólo han transcurrido cuatro años desde la conferencia diplomática de Roma, y hoy, 11 de abril, Naciones Unidas celebrará el depósito de las 60 ratificaciones necesarias para que el estatuto entre en vigor. Entre aquellos utópicos estaban las organizaciones no gubernamentales (ONG).

En 1995, diversas ONG que seguían el debate sobre el borrador del estatuto de la Comisión de Derecho Internacional se reunieron en Nueva York. Era un momento crucial. Tras la disgregación del bloque soviético, el Consejo de Seguridad había creado los dos tribunales ad hoc para la antigua Yugoslavia y Ruanda, y aún se disfrutaba del nuevo clima de distensión que había favorecido el multilateralismo y el desarrollo del derecho internacional.

Ningún tratado ha conocido una evolución similar al de la Corte Penal Internacional

Para muchas ONG resultaba urgente aprovechar aquel momento antes de que se produjera una posible alteración de las circunstancias y, por ende, una regresión al unilateralismo, como luego se ha visto con la posición que lidera EE UU. Así pues, las ONG decidieron unir sus esfuerzos y constituir una coalición con el objetivo común de promover la creación de una Corte Penal Internacional independiente y eficaz que pusiera fin a la impunidad de los crímenes más graves contra la humanidad. Esta coalición agrupa hoy a la mayor red de organizaciones y expertos legales de todo el mundo.

Ningún tratado internacional de esta envergadura ha conocido una evolución similar. Muchos creen que no es casualidad que todo el proceso de negociaciones haya tenido como nota definitoria la simbiosis entre los distintos actores involucrados, la sociedad civil y los Gobiernos, los llamados Estados afines, así como Naciones Unidas y los tribunales ad hoc. Fue el secretario general de la ONU, Kofi Annan, quien calificó esta simbiosis de 'nueva diplomacia', una forma de hacer política internacional definida por un grado de cooperación y coordinación entre los distintos actores sin precedentes.

Con la entrada en vigor del estatuto el 1 de julio, entraremos en una nueva fase del proceso, cada vez más próximo al establecimiento de la Corte, y nuestro trabajo (y el de los Estados) se debe centrar en:

1. Capitalizar el momento, aprovechando la publicidad y repercusión mediática que recibirá la Corte, a la vez que trabajaremos para evitar que se generen críticas hacia una Corte que no verá la luz inmediatamente, sino que sólo empezará a funcionar a finales de 2003.

2. Hacer el seguimiento de la Asamblea de Estados Parte, que se reunirá por primera vez en septiembre.

3. Necesitamos que muchos más Estados formen parte de esta Corte (de los 63 que habrán ratificado el 11 de abril, 139 firmaron el estatuto) para que pueda tener jurisdicción universal. Es fundamental que la Corte no aparezca como un proceso dominado por Occidente, crítica que sólo podrá ser contrarrestada si la Corte representa a todas las regiones y los sistemas legales más importantes.

4. Involucrar a la sociedad civil de todo el mundo, única garantía de que la Corte será entendida por la población civil a quien está destinada, y de que se mantendrá el nivel constante de presión sobre los Gobiernos.

5. Vigilaremos el funcionamiento de la Corte durante los primeros años, el desarrollo de una estrategia seria por parte del fiscal, ayudaremos a anticipar los primeros casos. Será recomendable que el Consejo de Seguridad y la Corte mantengan una buena relación, y que se favorezca el consenso para que sea el Consejo el que remita una situación a la Corte, otorgándole todo el apoyo de la ONU.

6. Por último, será fundamental para la eficacia de la Corte la transposición a la legislación nacional de las obligaciones de asistencia judicial recogidas en el Estatuto, así como los principios generales o la definición de los crímenes.

7. Por último, seguiremos vigilando la posición de EE UU, para contrarrestar la legislación anti Corte Penal que aún está siendo debatida por la Administración de Bush, y que pueda perjudicar la credibilidad y el funcionamiento de la Corte.

Es indudable que nos inunda un espíritu de satisfacción por el éxito compartido tras años de trabajo, pero somos conscientes de que no hemos hecho sino construir los cimientos de esta nueva institución. Seguiremos trabajando para que la Corte pueda cumplir las expectativas que las ONG comprometidas con la justicia internacional y la lucha contra la impunidad nos hemos propuesto.

Irune Aguirreabal Quijera es coordinadora europea de la Coalición de ONG para el establecimiento de la Corte Penal Internacional.