La oposición exige más garantías para los juicios rápidos diseñados por Justicia

Hay total acuerdo entre las fuerzas parlamentarias en la conveniencia de una reforma que impulse los juicios rápidos. Pero no lo hay en el borrador que elaboró el Gobierno, en el marco del Pacto por la Justicia, aunque se presentara como proposición de ley por todos los grupos. Las discrepancias empezaron a desgranarse ayer en el pleno del Congreso. Los reparos de la oposición parten de la demanda de que la celeridad no merme las garantías constitucionales de procesados y víctimas y del temor a que la reforma no se acompañe con medios y, al final, quede en nada.

Más medios para los juzgados y garantías constitucionales. Así lo reclamaron ayer todos los grupos de la oposición al Gobierno, primero en una reunión con el secretario de Estado de Justicia, José María Michavila, y después, en el debate en Pleno, en el que estuvo presente el ministro Ángel Acebes.

El diputado del PP Andrés Ollero admitió que el texto puede ser enmendado: 'No es ni inmejorable ni intocable', dijo, 'pero sí es imprescindible que sus protagonistas se lo crean'. Se adelantó así a las críticas de quienes intervinieron tras él.

El socialista Javier Barrero justificó el respaldo del PSOE al proyecto por la 'responsabilidad' con la que hace oposición. El Grupo Socialista, como los demás de la Cámara, dijo, 'comparte la preocupación general por los retrasos en los procedimientos penales', que facilitan una 'imagen de impunidad ante el crimen'.

Pero apostilló que la actual legislación, 'cuando ha tenido la fortuna de tener los medios necesarios', ha resultado un éxito en la puesta en práctica de juicios rápidos. A continuación detalló los fallos que este grupo encuentra en el proyecto, que, aunque respalado por todos, fue redactado por Justicia.

Para que la reforma funcione, alegó, hacen falta 'más policías, más juzgados de guardia, más peritos y más fiscales'. Según Barrero, 'la actual falta de medios es escandalosa'. Además, la reforma no puede ser un 'trágala' a las autonomías.

Respecto a los fallos técnicos, advirtió de la posible inconstitucionalidad del 'plazo de caducidad de la acción penal' pues, si el fiscal no actúa a tiempo, se sobresee el delito. Esto puede 'crear inseguridad jurídica', según el PSOE, y levantar 'la sospecha' de que se intenta encubrir algún delito por la inacción del fiscal.

Barrero también consideró excesivo el abanico de delitos que pueden juzgarse con juicios rápidos y excesivas las penas, de hasta nueve años de cárcel. Defendió que el límite se ponga en los cinco años, y recordó que en ningún país del entorno de España supera los cuatro.

3.659 juicios en Cataluña

Tras el PSOE, el diputado de CiU Manel Silva prefirió defender el consenso y la conveniencia de la reforma antes que detallar las mejoras, que intentará consensuar. Recordó que el año pasado se realizaron 3.659 juicios rápidos, una tercera parte de ellos en Cataluña, precisamente porque tiene más medios materiales para este fin.

Izquierda Unida fue el único grupo que se abstuvo en la votación final. Su diputado Luis Carlos Rejón recordó que los partidos recibieron el texto del Gobierno un lunes a las diez de la noche para 'hacerse la foto con el ministro' el martes a las diez de la mañana. Pero agregó que después, tras estudiar el texto, han llegado a la convicción de que sólo lo respaldarán si 'mejora todo lo que abunda en las garantías constitucionales'.

IU critica especialmente que se pueda encarcelar hasta nueve años a alguien sólo con un juicio de 15 días y ve en esta reforma 'un proceso penal especial para personas sin recursos, drogadictos y extranjeros'.

El cierre de las críticas fue desgranado, en una intervención muy técnica, por Margarita Uría, del PNV, quien anunció una treintena de enmiendas para 'reforzar las garantías y la tutela de los derechos de las víctimas, en vez de preocuparse sólo por quitarnos de encima a la población delincuente'.

Uría advirtió de que no será fácil explicar que se juzgue por la vía rápida al maltratador de mujeres y no, por ejemplo, a quien cometa delitos contra los menores. Reclamó, en cambio, que este sistema se aplique sólo a los delitos 'flagrantes' y cuando el culpable dé su conformidad; es decir, para delincuentes confesos. El hecho de que el juez instructor sea el mismo que dicte el fallo constituye, advirtió Uría, una medida 'peligrosamente inconstitucional'.