El PSOE y el PP se reprochan 'deslealtad' en el primer aniversario del Pacto por la Justicia
Los socialistas reclaman más presupuesto y el Gobierno presume de las reformas en marcha
Un año después de que el PP, el Gobierno y el PSOE firmaran un Pacto de Estado sobre la Justicia con 23 grandes reformas y dos legislaturas de vigencia el acuerdo vive momentos de crisis. El Ejecutivo está satisfecho con las mejoras emprendidas y sólo reprocha a la oposición su interés por entrometer sus querencias políticas en la teórica autonomía de los máximos órganos judiciales. Los socialistas sienten 'desazón y malos augurios ante la deslealtad de un Gobierno que entiende el pacto como adhesión; que copa los nombramientos con lo más conservador de la Justicia, que no acompaña los proyectos con dinero y que pretende una revanchista contrarreforma de todo lo que hizo el PSOE'.
El máximo responsable parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, advierte de que su grupo no quiere romper el pacto, suscrito esta semana justo hace un año y para dos legislaturas, pero sí dar 'un toque de atención serio y preocupado'. No gustan ni las formas ni algunas cuestiones muy de fondo.
Pero la dirección del PSOE no quiere dinamitar un acuerdo sobre una materia tan básica hasta no armarse de razones. Los socialistas sólo se plantearían romperlo, por ejemplo, si el PP incumple de nuevo en 2003 el compromiso de dotarlo de presupuesto suficiente.
El acuerdo económico plasmado en el pacto comprometía una partida adicional a las previstas en el presupuesto normal del Ministerio de Justicia de 1.500 millones de euros en ocho años. Durante el primer ejercicio, el PSOE señala que sólo han sido 36 millones de euros y reclama 187 millones de euros para 2003.
El Ministerio eleva el presupuesto sumado en 2002 a 110 millones y el ministro, Ángel Acebes, asegura que la partida irá creciendo gradualmente en cada año según se vayan poniendo en marcha los nuevos servicios diseñados en el plan.
El portavoz de Justicia y Libertades de la Ejecutiva Federal del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, lamenta especialmente la falta de lealtad del Gobierno al informarles mal y con retraso del contenido de muchos proyectos, de los que se enteran por medios de comunicación afines al Ejecutivo. 'Les pedimos los papeles y nos dicen que todavía no hay nada', asegura. 'Otras veces nos entregan los documentos de trabajo de forma precipitada', se queja Javier Barrero, portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso.
Diálogo y filtraciones
El secretario de Estado de Justicia, José María Michavila, niega ese extremo y apunta incluso que el Gobierno está esperando desde el pasado 19 de marzo la contestación del PSOE a las propuestas que les entregaron del nuevo modelo de la oficina y el secretariado judicial, y al estatuto de los procuradores.
Michavila afirma que también se ha dialogado previamente con el PSOE la reestructuración del Ministerio, la ley de retribuciones por objetivos, el estatuto de la abogacía, los principios del nuevo ministerio fiscal, la propuesta de juicios rápidos o leyes tan básicas como la de Enjuiciamiento Criminal. Acebes y Michavila admiten un fallo en la filtración de una propuesta sobre la Ley del Poder Judicial.
Respecto a la reforma legal para mejorar la eficacia de los juicios rápidos, el PSOE presentará muchas enmiendas y ve profundos motivos de desacuerdo. 'Lo más grave es que el proyecto no viene con memoria económica y, por tanto, se puede aprobar en el Parlamento y ser papel mojado ya que su ejecución corresponderá a las comunidades autónomas y no tienen dinero para llevarla a cabo', señala Barrero.
Otro sobresalto para el PSOE: el acceso a la abogacía: 'El Gobierno juega a sorprendernos y lo hace cuando anuncia una prueba que no estaba en el Pacto', asegura López Aguilar. Sólo se hablaba de 'regular el acceso' a la profesión y el PSOE pensaba en unas 'prácticas', no en 'una reválida'.
Tres ejes básicos
'Más diálogo no puede haber. Se han producido siete reuniones y se han aprobado más de 20 acuerdos por unanimidad. Y los tres ejes básicos del pacto, la reforma estructural de la justicia, la mayor eficacia del Estado de Derecho y las aportaciones a la construcción de la Europa del derecho, están en marcha', destaca Michavila. Y agrega: 'El pacto es bueno y se justifica por sus frutos. Nosotros haremos todo lo posible para que dure porque entre otras cosas ha conseguido que por primera vez se invierta la tendencia negativa en la resolución de causas judiciales'.
En 2001, por primera vez según Justicia, se ingresaron 6.627.747 casos y se resolvieron 7.289.992. Una tasa de resolución del 110%.
