Las principales asociaciones de inmigrantes reclaman ayudas públicas para alquilar pisos
El rechazo de los propietarios y la carestía de las rentas dificultan el acceso a la vivienda
La situación de precariedad laboral y económica en la que se encuentran un gran número de inmigrantes en España -un colectivo que ha pasado de 719.647 personas regularizadas en 1998 a 1.109.060 en 2001- convierte la búsqueda de vivienda en una misión casi imposible. El alto precio de los alquileres, la exigencia de excesivas garantías y los recelos de los propietarios, que se niegan a alquilar a extranjeros, los condenan al hacinamiento, a subarriendos excesivos y a sufrir todo tipo de engaños. Asociaciones de marroquíes, colombianos y ecuatorianos piden ayudas públicas para poder acceder a viviendas dignas.
De todos los hogares que hay en España sólo un 14% es de alquiler (un 2% es de alquiler social), según recoge un reciente estudio sobre política de vivienda. Su autora, la economista Carme Trilla, explica que "al no existir apenas ese recurso a la vivienda pública, los extranjeros van directamente al mercado privado, donde las rentas son altas y los propietarios ponen todo tipo de trabas".
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