El fiscal exculpa del fraude al PER a 46 acusados y pide para otros dos una pena que podrán eludir

El juicio por el mayor fraude al Plan de Empleo de Empleo Rural (PER) de la provincia de Málaga, celebrado ayer, duró menos de cinco minutos. Nada más empezar la vista, el fiscal retiró los cargos contra 46 de los 48 acusados y rebajó sensiblemente las penas contra los dos únicos procesados contra los que mantuvo su acusación, para los que pidió 18 meses de cárcel y una multa de 1.081.821 euros. Debido a que ambos imputados ya estuvieron siete meses en prisión preventiva, probablemente no serán encarcelados. El juicio quedó visto para sentencia.

El fiscal, Antonio Morales, exculpó a casi la totalidad de los encausados, vecinos de Antequera, en base a un fallo del Supremo por un caso similar en el municipio malagueño de Moclinejo. En esa sentencia de junio pasado, el alto tribunal absolvió a los jornaleros al entender que para que hubieran cometido fraude deberían haberse embolsado una cantidad superior a los 60.000 euros (10 millones de pesetas), cifra que en ninguno de los dos casos se acercaba ni remotamente a lo percibido por los encausados, que cobraban un subsidio mensual que oscilaba entre los 198 (33.000 pesetas) y los 330 euros (55.000 pesetas).

Al margen del fallo que adopte ahora la sala tercera de la Audiencia provincial, casi con total seguridad el Instituto Nacional de Empleo (INEM) le reclamará el reembolso de las cantidades indebidamente percibidas, como ha hecho en el caso de Moclinejo. El fraude fue cometido en Antequera entre los años 1990 y 1994 y supuso un desembolso indebido para el INEM de unos 975.000 euros (162 millones de pesetas).

El ministerio público -que el lunes pasado pidió el aplazamiento del juicio para presentar una nueva calificación- rebajó además las penas que pedía para los dos únicos imputados contra los que ha mantenido su acusación.

Así, frente a los seis años de cárcel que reclamaba con anterioridad para el matrimonio formado por María Rosario E. C. y Narciso P. P., ayer pidió 18 meses de privación de libertad como cooperadores necesarios en un delito de fraude de ayudas públicas. Fuentes judiciales daban por hecho que podrán eludir la pena dado que ambos ya cumplieron siete meses en prisión preventiva. En su calificación, Morales pidió además para la pareja una multa de 1.081.821 euros (180 millones de pesetas) o pena sustitutiva de 35 días de arresto, sanción que también podrían eludir ya que es probable que sean declarados insolventes.

Tras escuchar esta petición, ambos procesados manifestaron su conformidad ante la sala y ésta, sin más trámite, declaró el juicio visto para sentencia. Momentos después, el principal imputado, manifestaba que 'se ha hecho justicia' porque el fraude fue 'tolerado y consentido con la connivencia pasiva de la administración'. Según el procesado, porque en los años en que se produjeron las irregularidades 'aquello era un bebedero político; entonces, todos los pueblos de Andalucía tenían problemas con los jornaleros, y en Antequera no teníamos ninguno porque los jornaleros y sus hijos comían'.

El fraude fue detectado porque el matrimonio tenía una explotación ganadera demasiado pequeña para generar tantos jornales. Según el relato de los hechos de la fiscalía, llegaron a certificarse 27.808 peonadas falsas. Los esposos cobraban entre tres y cuatro euros por cada jornal que certificaban sin que se hubiera realizado y casi 600 euros por los trámites si los futuros beneficiarios del subsidio tenían que ser inscritos en el régimen especial agrario.

Entre los absueltos, la mayoría mujeres de más de 45 años, también existía la convicción de que se había hecho justicia. 'Lo hice porque no tenía ni 20 duros para una barra de pan', admitió una mujer. Otra apuntó: 'No me siento delincuente. No estoy orgullosa de lo que hice, pero el Gobierno debería tener subvenciones para casos de necesidad y que no tuviéramos que andar con estas cosas.