Bases seguras

Las prisas y las preocupaciones de seguridad tras el 11 de septiembre han llevado a acelerar las negociaciones para la adaptación del convenio de cooperación para la defensa de España y Estados Unidos y a introducir medidas sin precedentes para la protección de las unidades norteamericanas en este país. Sin revelar datos operativos comprensiblemente confidenciales, tales pasos sin precedentes merecen que los ministros de Exteriores y Defensa den en el Congreso explicaciones más detalladas que las que ayer aportó Josep Piqué tras el Consejo de Ministros que aprobó lo que es un Protocolo al Convenio de 1988.

EE UU quiere bases para defender sus intereses y los de sus aliados, si coinciden; y tras el 11-S y el ataque suicida en octubre de 2000 contra el USS Cole frente a las costas de Yemen, otorga una comprensible prioridad a la defensa de las instalaciones y sus unidades. Pero es la primera vez que España autoriza a EE UU la presencia en Rota de una unidad de protección militar, a la vez que se impulsa, como pactaron Bush y Aznar antes del 11-S, la cooperación de los servicios de inteligencia. Se autoriza a los servicios de investigación criminal de EE UU a que actúen en España en conjunción con los cuerpos y fuerzas de seguridad. No obstante, será responsabilidad última española controlar las aguas en torno a los buques estadounidenses que atraquen en puertos españoles. De otro modo, el control de EE UU llegaría hasta los bañistas en las playas españolas.

Juzgado desde el punto de vista de las aspiraciones iniciales del Gobierno, el Protocolo al Convenio, que el miércoles suscribirá en Madrid el secretario de Estado, Colin Powell, deja mucho que desear. El Gobierno descartó pronto algunas aspiraciones militares de obtener 'compensaciones', que hubieran resultado indignas entre aliados y recordado los tiempos del franquismo. Sí pensó, sin embargo, en obtener ventajas diplomáticas, como la entrada en el G-8, o en la idea, descabellada, de convertir a España en aliado privilegiado de EE UU, con una relación especial como la que une a Washington y Londres, reflejada en el muy íntimo encuentro que están celebrando George Bush y Tony Blair en el rancho tejano del presidente.

La Declaración de Principios sobre cooperación tecnológica que acompaña a la actualización del convenio es un paso positivo que puede abrirle contratos a España, aunque las buenas intenciones habrán de traducirse en hechos concretos. Y el Gobierno no ha obtenido la regularización de los trabajadores españoles en las bases. Tan sólo una promesa de posibles contratos para la reparación de buques de la Sexta Flota en Cádiz.

Lo esencial es la base de Rota, cuya importancia ha crecido para la geoestrategia estadounidense con vistas a Oriente Próximo y Asia Central, desde este extremo de lo que Estados Unidos ve como un pasillo mediterráneo. España ya había cedido en la ampliación de la base cuando dejó que EE UU presentara al Comité de Infraestructuras de la OTAN la petición de 16 aparcamientos para grandes aviones de transporte como los Galaxy, la ampliación del puerto y la modernización de diversas instalaciones, aunque Washington prefiera sufragarlo todo para tener prioridad sobre las otras fuerzas de la Alianza Atlántica, que podrán utilizar estas instalaciones en segunda instancia, sólo si no las está usando EE UU. Washington tiene que invertir unos 200 millones de euros, y por ello es lógico que haya pedido una ampliación del convenio hasta 2010, en vez de su renovación automática año a año como viene ocurriendo desde 1997. El cambio de circunstancias mundiales hubiera aconsejado negociar un convenio nuevo en lugar de un simple protocolo al que se firmó en 1988, antes de la caída del muro de Berlín, cuando aún existía el Pacto de Varsovia.