La delincuencia obsesiona a Francia

¿A cuántos adolescentes hay que encerrar para acabar con la inseguridad ciudadana? Ésta era la pregunta que pretendían contestar los candidatos a las elecciones presidenciales en Francia, cuando la carnicería de Nanterre, ocurrida la semana pasada, ya ha planteado otra: ¿es que no circulan demasiadas armas en este país? Y sin tiempo para responderla, el asesino se suicidó cuando estaba bajo custodia de la Policía Nacional, lo cual lleva a preguntarse qué pasa en un cuerpo de 150.000 miembros, cuyos sindicatos se manifestaron a finales del año pasado contra el Gobierno por promover leyes de garantías a los detenidos.

Como si una mano negra moviera los hilos, la última salvajada se ha cebado en una ciudad de mayoría comunista, con 85.000 habitantes. Toda Francia siente los ocho asesinatos en el Ayuntamiento de Nanterre como un ataque al símbolo democrático más próximo al ciudadano. El suceso de cada semana oculta y agrava el anterior, como si los hechos quisieran dar la razón a Jacques Chirac y los dirigentes de la derecha, tenaces en denunciar la responsabilidad de Lionel Jospin y del Gobierno de izquierda. Las estadísticas indican que el número de delitos y faltas registrados sobrepasó el año pasado la cota de los cuatro millones por primera vez.

El número de homicidios no crece, pero el problema es el enorme incremento de la pequeña delincuencia, que hace que 2,5 millones de esos hechos sean robos. Los franceses no estaban acostumbrados a colocar rejas en las ventanas de las plantas bajas y los primeros pisos, como pasa en España, ni a tener que fortificar las farmacias. El problema es que la explosión de la pequeña delincuencia significa múltiples agredidos, y eso tiene un gran impacto en la opinión pública.

No se necesitan grandes armamentos ni mucho dinero: es fácil llenar de gasolina una botella, meterle un trapo que sirva de mecha y romper las lunas de un coche; desde que el artefacto cae en el interior, tarda un par de minutos en humear. Unos 18.000 vehículos ardieron el año pasado, sobre todo en las noches calientes de los fines de semana y las épocas de vacaciones. El fenómeno es muy grave en la región de París, pero se extiende a lugares tan distantes entre sí como Estrasburgo, Lyón o Nantes.

Quemar coches no implica siempre una violencia irracional: en una cuarta parte de los casos, se trata de vehículos con los que se han cometido otros delitos, a fin de no dejar huellas a la policía. El resto se distribuyen entre vandalismo y represalias por los intentos policiales de reconquistar barrios difíciles.

'Uno de nuestros grandes problemas es la cantidad de trenes atacados', confiesa Louis Gallois, presidente de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF), la poderosa empresa pública que mueve 4.000 convoyes diarios, convencido de que 'esa violencia es el problema de Francia' porque 'no se apedrean trenes todos los días en España o Italia'.

En el país vecino es un hecho admitido que la violencia de baja intensidad procede de los adolescentes. Sus formas se parecen un poco a la kale borroka que asuela las ciudades vascas, sólo que en Francia nadie los reivindica con pretextos políticos. Quinceañeros detenidos por acciones como éstas explican que incendiar vehículos es casi una obligación, no se puede 'ser alguien' en el barrio si no se participa en el juego.

Algunos sociólogos lo explican con el concepto de 'delincuencia lúdica'. El año pasado se produjeron 177.000 detenciones entre menores de 18 años: uno de cada cinco detenidos tiene menos de 18 años, sus víctimas suelen ser otros adolescentes. Robos con violencia, destrucciones de bienes, golpes y heridas, agresiones sexuales no dejan de crecer. Un reciente estudio sociológico publicado por Le Monde muestra que, a partir de pequeñas violencias repetidas muchas veces, el sistema de la 'ley del más fuerte', omnipresente entre los adolescentes, conduce a una especie de 'opresión cotidiana' de unos jóvenes sobre otros.

Resueltamente, Jacques Chirac y Jean Pierre Chevènement quieren restablecer los centros de encierro para menores, una institución abandonada en 1979. El socialista Lionel Jospin se ha visto obligado a incluir en su programa los centros cerrados para jóvenes reincidentes, martilleado por las encuestas que sitúan la inseguridad ciudadana como el problema número uno del país.

En cambio, el fiscal-jefe de París, Jean-Pierre Dinthilac, es de los que mueven la cabeza con un gesto de duda: teme que 'más represión no permitirá acabar con la violencia'. Pero a menos de tres semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la tentación de imponer soluciones del estilo 'ley y orden' es muy fuerte.