La 'venta' del Protocolo de Kioto

El Protocolo de Kioto ha descendido del altar de la ciencia a las cuentas empresariales, que es donde se va a cocer su aplicación. Su aterrizaje ha convulsionado a los sectores identificados como los principales emisores de los gases que provocan el efecto invernadero, el aumento de la temperatura y una mayor frecuencia e intensidad de las catástrofes naturales.

Los cálculos más optimistas cifran en más de 1.650 millones de euros (el 0,1% del PIB) el coste anual de aplicar el Protocolo de Kioto en España. Sectores como el energético, las cementeras, la metalurgia, las papeleras o el cerámico han asumido ya que serán los primeros de la fila en cambiar su modelo de producción, porque son los que más emiten CO2, el mayor responsable (70%) del efecto invernadero.

Aplicar este protocolo en España costará al menos 1.650 millones de euros, el 0,1% del PIB

El transporte y la agricultura generan el 52% de las emisiones de CO2 en España, pero, al resultar tan compleja la identificación de las fuentes unitarias de esas emisiones, tanto Naciones Unidas como la UE han preferido empezar por lo más fácil, las grandes instalaciones fabriles que queman combustibles fósiles.

Los plazos para reducir esas emisiones se echan encima, así como el desarrollo de mecanismos que disminuyan la contaminación. Uno de estos mecanismos son los incentivos fiscales, y el otro es el acceso a un mercado donde puedan adquirir y vender los excedentes de emisiones sobre las cuotas que el Estado les asigne.

La UE debería aprobar antes de que finalice este año una directiva reguladora de ese comercio. El borrador que ahora se discute ha generado tanta polémica que siete de los 15 Estados de la UE han solicitado una reserva de estudio, o, lo que es lo mismo, su aplazamiento. España no lo ha hecho porque no quedaría bien hacerlo mientras ocupa la presidencia y dirige los trabajos de su redacción. Pero con toda seguridad lo hará cuando concluya su turno presidencial porque así lo ha pedido la CEOE, según Rodolfo Gijón, jefe de estudios de asuntos industriales de la patronal y coordinador de los sectores industriales que participan en los tres grupos creados por la CEOE y la Oficina del Cambio Climático. Aunque el calendario corre a toda prisa, nadie confía en que la directiva esté lista para fin de año. Todos quieren estudiar cuánto les va a costar y cómo se hace el reparto de ese coste.

Sobre la base del inventario nacional de emisiones, el Estado tiene la obligación de otorgar derechos de emisiones a cada instalación industrial mediante una distribución de la carga concedida a España por el Protocolo de Kioto, que es para el periodo 2008-2012 un 15% más de lo que se emitía en 1990, 226.057 toneladas equivalentes de CO2. Las previsiones señalan que se ha superado en casi 29 puntos las emisiones de 2000.

Todos están ansiosos por conocer cómo se hará el reparto de la carga, que deberá estar decidido para junio del 2004, y poder estrenar el comercio de emisiones en enero de 2005. ¿Se otorgarán topes absolutos a cada instalación? ¿Por sectores? ¿Por comunidades autónomas? Cualquiera de las opciones implica consecuencias económicas trascendentales. Un ejemplo: una cementera obsoleta que tiene concedido un permiso de emisión de 300 toneladas de CO2 tiene dos opciones si se plantea seguir creciendo: o compra más derechos de emisiones, que en España se calcula costarán entre 5 y 30 euros la tonelada, o cierra la fábrica y vende sus derechos con los que financia otra planta en un país en desarrollo. Si opta por esta alternativa, todos los operarios españoles se irían al paro.

Varios países se entrenan en el ejercicio de compraventa de derechos de emisiones. El Reino Unido, con clara voluntad de que Londres se convierta en la bolsa europea y mundial del comercio de emisiones, iniciará ese mercado en abril. En discrepancia con la directiva europea que lo hace vinculante, su mercado excluye al sector energético y será voluntario. Ya se han apuntado 46 de las mayores empresas. Holanda ha puesto en marcha un modelo de mercado propio, igual que Dinamarca. El que no corre vuela. De hecho las grandes empresas españolas afectadas están integradas en las organizaciones europeas que hacen lobby sobre la directiva y mentalizan a sus ejecutivos para lo que se les viene encima.